Los casos de licencias médicas con viaje incluido son un catalizador en la necesaria reforma al sistema que regula el ausentismo laboral por razones de salud. Pero más importante aún, deberían también representar un punto de inflexión en una discusión más amplia de reforma del Estado.

Nadie debería verse sorprendido de la existencia de licencias médicas falsas, tanto en el sector privado como en el público. Son decenas —sino cientos— de miles de certificados injustificados que se emiten anualmente, dando cuenta de incentivos mal puestos y controles inadecuados. Pero hasta ahora ha dominado la inacción, porque el buenismo está bien instalado y porque son muchos los grupos de interés que tienen una maquinita aceitada para sacar provecho del sistema. Estos grupos son siempre minoritarios, pero muy bien organizados e influyentes en la política.

Lo verdaderamente novedoso es que estos casos parecen haber colmado la paciencia de los chilenos y, con eso, gatillado lo que se define como un tipping point: un punto crítico en un proceso que logra un efecto significativo e inevitable en el sistema. La gran mayoría de las personas —tanto funcionarios públicos como del sector privado— se ganan la vida honestamente, levantándose temprano para hacer bien la pega y poder darles oportunidades a sus familias. Los casos de corrupción acumulados en el tiempo han ido horadando la confianza en el buen uso de los recursos públicos y todo sugiere que el caso de las licencias —tan grotesco como evidente— genera un hastío monumental, abriendo un espacio político inexistente hasta ahora.

En cualquier institución, los procesos importantes de reforma requieren dos ingredientes para su éxito: claridad en los cambios a introducir y apoyo en la organización. El Estado no es distinto. Sobre lo primero hay más consenso; existen numerosas evaluaciones técnicas y objetivas del funcionamiento de distintas reparticiones públicas, tanto para estudiar si se justifica su existencia como para analizar si las tareas son ejecutadas de la mejor manera. Pero el apoyo popular parecía escuálido. Hasta ahora.

La reforma del Estado afecta a los intermediarios y funcionarios públicos que administran programas o que se resisten a modificar su manera de trabajar. Cuando esta resistencia encuentra eco en la población, no hay piso político para estas reformas. Pero nada es inmutable. En el momento en que la población reconoce que el Estado requiere cirugía mayor, se firma la licencia para reformar.

Sin anticiparlo, los abusadores han cavado su propia tumba.