Señor Director:

Un grupo de connotados profesionales y exautoridades publicó una columna el miércoles pasado sobre el problema de la permisología. Declaran haber llegado a la conclusión de que la situación no se resolverá con los proyectos de ley enviados por el Gobierno y proponen una estrategia más radical, que denominan “eliminar, derogar y reemplazar”.

En sus propios términos, la estrategia consiste en “decretar el cierre de algunas instituciones y la eliminación de normas y procedimientos superfluos, creando luego un nuevo sistema moderno, expedito y razonable”. Agregan que el camino pasa por definir “un estándar del bienestar ambiental o público a proteger”, para luego conservar lo bueno y eliminar lo malo.

Cuesta imaginar una propuesta más cándida. ¿Proponen abolir el sistema de evaluación ambiental? El fenómeno de la permisología es multicausal y requiere, ante todo, de un diagnóstico serio. El Consejo de Monumentos Nacionales, por seguir con el ejemplo, opera bajo una gobernanza que proviene de 1925, cuando sus labores se limitaban a la conservación patrimonial de edificios urbanos. Hoy, en un contexto más exigente, se enfrenta con industrias que no existían a la época de su creación, como la generación de energía eólica y solar.

Podrá haber casos “patéticos”, como denuncian los autores de la columna, pero el verdadero problema radica en diseños orgánicos obsoletos o mal concebidos. Lejos de contribuir a una solución, la propuesta de “eliminar” y “hacerlo mejor” es un mero abucheo. No tengo dudas de que entre tanto talento es posible ofrecer un planteamiento más constructivo.

José Tomás Blake
Abogado y profesor de Derecho Público