En un ambiente tenso se aprobó en el Senado de la Universidad de Chile una reforma que posibilita la participación, con derecho a voto, de los funcionarios y estudiantes en los consejos de facultad. Hasta ahora, aquellos solo tenían derecho a voz. Su voto tendrá en adelante un peso de 12,5 por ciento para cada uno de esos grupos; otro 25 por ciento serán académicos electos, mientras el restante 50 por ciento lo serán por derecho propio. Una de las razones de la tensión estaba asociada al hecho de que había otra alternativa, que otorgaba una representación menor y que defendían la mayoría de los académicos y la administración superior del plantel. Sin embargo, resultó triunfadora la antes señalada; en gran medida, porque los estudiantes que integran este Senado se inclinaron por ella. La paradoja es que ellos mismos fueron elegidos con votaciones muy menores y por eso se cuestiona si la decisión refleja el sentir de la universidad.

Con todo, la principal fuente de discusión tiene que ver con la gobernanza más apropiada para el desarrollo futuro del plantel. La idea de que la participación se debe canalizar vía sus órganos de gobierno está más bien en retirada en la experiencia comparada. Aún subsiste en varios países, pero incluso en naciones como España —donde está sancionada en la Ley Orgánica de Universidades— existen contrapesos como el consejo social, mayoritariamente compuesto por personas externas y con influencia relevante en el destino de las universidades. En las alemanas, en tanto, se ha definido que al menos la mitad de su gobierno superior esté compuesto por personalidades externas. Y en Australia, la participación mayoritaria en los gobiernos superiores de las universidades estatales es externa. En estos dos últimos países, los rectores no son elegidos. Similares cambios se observan en Países Bajos o Francia. Es decir, el debate apunta a cómo incorporar miradas externas para proyectar a las universidades con perspectiva de largo plazo y asegurar más autonomía de los rectores respecto de los grupos internos. En Estados Unidos, Gran Bretaña y la gran mayoría de los países asiáticos, esa es más bien la norma.

Por su carácter, la universidad nunca se pensó “democráticamente”. La tarea de sus órganos de gobierno no es representar a las comunidades, sino velar por sus funciones sociales, que trascienden la especificidad de aquellas. Así, la participación es bienvenida, pero lo es mucho menos en los órganos de gobierno. Las experimentaciones realizadas durante el siglo 20 no han sido bien evaluadas y hace 50 años que ese camino comenzó a desandarse. Sorprende, por tanto, la decisión de la Universidad de Chile de avanzar en una dirección contraria. El impacto de ello sobre su funcionamiento y la duda de si más temprano que tarde esto también afectará a su gobierno superior preocupan a parte significativa de su comunidad, la que teme que en este contexto los desafíos más complejos del plantel queden postergados. Tales riesgos deberían evaluarse con cuidado. El país requiere de una Universidad de Chile funcionando al máximo de su potencial.