La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha aprobado el acuerdo entre SQM y Codelco para la extracción de litio en el salar de Atacama, si bien imponiendo algunas medidas preventivas. Pero, pese a la aprobación, subsisten ciertas aprensiones, pues el contrato establece que la totalidad de la producción de cloruro de potasio por parte de la firma que nacerá del acuerdo deberá ser vendida a SQM. La División de Fusiones de la Fiscalía, que analizó el caso, aportará estos antecedentes para un posible estudio sobre la competencia en el mercado del potasio, tema cuyo análisis fue encargado a la División Antimonopolios. Se han planteado temores en cuanto a que los resultados de ese análisis pudiesen afectar el pacto, al haber sido el tema del potasio —insumo clave en la elaboración de fertilizantes— una de las condiciones de SQM para suscribirlo.

Es interesante, desde luego, analizar la forma en que la Fiscalía estudia los efectos del acuerdo Codelco-SQM en su conjunto. Este se refiere a la explotación de productos mineros y sus derivados que son transados globalmente y cuyos precios domésticos —como lo muestra el propio informe de la FNE— siguen los precios internacionales, aunque a valores distintos, reflejo esto de los costos de transporte internacional en que deben incurrir los potenciales importadores. Por esto último es que los precios de exportación de estos commodities son menores que los internos. Pero, en definitiva, los valores internacionales fijan un límite a los precios domésticos, incluso si existe un productor local monopólico. Y, a causa de lo mismo, un mayor grado de competencia nacional solo podría, a lo más, reducir los precios internos en la magnitud de los costos de transporte.

En el caso del litio, el único mercado significativo es el de exportación, porque el consumo doméstico es casi irrelevante. Incluso, si alguna vez se realizan las inversiones chinas comprometidas para producir cátodos, ellas tienen asegurado un precio preferencial. Por lo tanto, en el negocio principal, el mercado es mundial, como lo reconoce la propia Fiscalía. Lo que no resulta tan claro es por qué a esta le interesan los riesgos competitivos a nivel global. En efecto, según la FNE, mediante acuerdos y participaciones societarias, los suscriptores de este pacto tienen relación con actores que podrían llegar a controlar el 40% de la producción mundial de litio. En este contexto, las medidas preventivas ordenadas intentan impedir el traspaso de información confidencial con las empresas vinculadas en ese mercado internacional. Pero, ¿es esto algo que potencialmente pudiera afectar el bienestar nacional? En realidad, y aunque las empresas hayan aceptado las medidas, eso no significa que ellas sean particularmente necesarias. Más todavía cuando, aun con un 40% de participación en un mercado, es difícil afectar los precios en forma permanente, pues continuamente aparecen nuevos actores, en especial si el precio sube. Desde esa perspectiva, parece más apropiado que sean los grandes consumidores de litio los que se ocupen de los problemas de competencia globales, mientras que la Fiscalía se concentra en los temas que nos afecten localmente.

En el caso del potasio, en tanto, el problema no es que el pacto le entregue el total de su producción a SQM (la que además podría caer si se adoptan las nuevas tecnologías incluidas en el acuerdo). En rigor, eso es lo que ya sucede hoy, de modo que, en los hechos, el acuerdo no supone cambios en esta materia respecto de la situación actual. La duda es si el mercado local de compuestos de potasio de uso agrícola es competitivo o si se producen situaciones de abuso, lo que sin duda constituye una preocupación razonable de la FNE. De esta manera, si una investigación determina la existencia de abusos de posición dominante en el mercado local de potasio, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podría multar a la o las empresas involucradas, y ordenar compensaciones y medidas para evitar esos abusos en el futuro. Lo que no es claro es por qué esto podría afectar el acuerdo entre SQM y Codelco.