Un acierto de la reciente reforma previsional fue no legislar aún sobre la primera edad de acceso fácil a pensiones de vejez contributivas (60 y 65). Bien, porque crece la evidencia sobre diferencias en expectativa de vida por nivel socioeconómico. La literatura internacional muestra que los años de escolaridad son mejor indicador de expectativa de vida que el ingreso imponible medio.
Una reciente investigación para Chile encuentra que la diferencia de expectativa de vida adicional a los 60 años entre una mujer con estudios superiores y otra mujer de igual edad que no pasó de octavo básico, alcanza a 9,7 años en promedio. Subir los 60 años en igual magnitud para todas habría empeorado esta inequidad.
El valor presente esperado del gasto fiscal en PGU por mujer que cumple 65 es 48% mayor para aquellas con educación superior, que para las que no pasaron de 8° básico. Ese 48% supera en mucho la tasa marginal de impuesto a la renta que pagan algunas de alta escolaridad. Así, el aumento de PGU a $250.000 exigido por el Presidente Gabriel Boric y la candidata Jeannette Jara está focalizado en las mujeres ricas.
La solución natural es variar las edades de acceso fácil a la pensión de vejez y a la PGU según escolaridad. También se debe distinguir entre cohortes. Quienes hoy tienen 60 egresaron de 8° básico a partir de 1978. La escolaridad aumentó gradualmente desde esos años. Se requiere actualizar las diferencias en cada censo. Hacerlo bien requiere crear una institución robusta: un consejo actuarial autónomo.
La mejoría general de la salud también exige elevar gradualmente las primeras edades de acceso fácil a las pensiones contributivas para todas las escolaridades (en la PGU deben subir más por la baja natalidad). Para optimizar dicha gradualidad se requiere medir y reconocer el grado en que los empleadores varían la proporción de cargos operables por personas de edad, distinguiendo según escolaridad.
Otro aspecto es que en Chile y muchos países emergentes las “lagunas” o interrupciones de cotización exceden el 50% de los meses entre los 20 y 65 años. Pocos saben cuán asimétricas son: en 1981-2015 la frecuencia de lagunas de mujeres en el decil de salarios más bajos fue 65 puntos porcentuales mayor que en el decil de salarios más altos.
¿Cómo queda el “bono tabla”? Al principio no tenía objetivos de eficiencia, sino solo redistribuir dinero hacia las mujeres por su mayor expectativa de vida, en comparación a un hombre. Para que no sea regresivo, los hombres que financian este aporte deben tener igual escolaridad, iguales lagunas y el mismo rango de edades que las beneficiarias. El “bono tabla” recién aprobado no cumple ninguno de estos requisitos, por lo que es ampliamente regresivo.
Al final se incorporó al “bono tabla” una meta de eficiencia: incentivar postergar la pensión. Sin embargo, el mecanismo elegido multiplicó la regresividad. En efecto, quien inicia pensión a los 60 obtiene un bono de solo 5% de su anualidad contributiva. Pero en ese grupo tienen alta prevalencia las mujeres de baja escolaridad que no tienen suficiente salud para postergar su inicio de pensión hasta su cumpleaños 61.
La mujer de alta escolaridad, que habría seguido laborando y ganando buen sueldo hasta los 65 de todos modos, es dotada de un bono por 100% de su anualidad contributiva, que a su vez es mucho mayor.
La mujer de alta escolaridad recibe bono por 5,1 años más en promedio, porque su mayor expectativa de vida excede su postergación de 5 años.
En suma, el gasto en bono llega en alta proporción a mujeres ricas y es financiado por aquellos hombres jóvenes de baja escolaridad y mayores lagunas, que están en empleos con seguridad social. Bajo impacto en eficiencia, exacerbación de la regresividad.
La desigualdad en lagunas y en expectativas de vida debe ser tomada en serio para evitar que la política pública de pensiones aumente la desigualdad.
Salvador Valdés P.
Senior fellow Escuela de Negocios UAI