Señor Director:

Los gremios empresariales y las empresas que representan participan del debate público aportando a la construcción de buenas políticas públicas que propendan al bien común.

Cualquier intento del Estado por imponerles restricciones más allá de la ley buscando acallar voces discrepantes, atenta gravemente contra la legalidad, la libertad de expresión y la autonomía institucional garantizada en la Constitución. Con ello, se debilita el rol de la sociedad civil, se atenta contra el Estado de Derecho y se pone en riesgo la democracia.

Un país serio como el nuestro, donde el respeto a las instituciones y la certeza jurídica han sido y deben seguir siendo pilares de estabilidad y desarrollo, no puede dar curso a iniciativas que excedan las competencias legales de un órgano del Estado, como por ejemplo, las normas que buscan —vía circulares— aumentar las atribuciones de la Superintendencia de Pensiones o la de Seguridad Social para ejercer control sobre los actos de una organización gremial y sus asociados relacionados con publicidad o gobernanza, vulnerando la autonomía de los cuerpos intermedios.

Susana Jiménez
Presidenta de la CPC