La política fiscal —la gestión de los gastos e ingresos públicos— es la principal herramienta de un gobierno para ejecutar su programa. El poder ejecutivo tiene iniciativa exclusiva de gasto: todo proyecto de ley que involucre mayor gasto debe ser respaldado por este. Esto no impide que el Congreso, mediante negociaciones y presión política, influya en el gasto público, pero la responsabilidad principal recae en el Ejecutivo. El gasto fiscal resulta de gran impacto no solo por lo que busca costear — proyectos del programa de gobierno—, sino que también por cómo se financia este costo, ya sea con impuestos o con deuda neta (deuda menos ahorros).

La deuda es sumamente atractiva para un gobierno, ya que permite traspasar los costos de la política actual a futuros gobiernos. Por ello, para evitar su uso desmedido —y un incremento insostenible de la deuda pública—, los países establecen reglas fiscales (como nuestra regla del balance estructural, que incluye un techo a la deuda pública), y consejos técnicos y autónomos, dirigidos a promover el manejo responsable de la política fiscal. Debido a la dimensión político-democrática de la política fiscal, estos consejos no son vinculantes, siendo la forma como se quiere converger a la sostenibilidad fiscal, materia de responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

En Chile quien cumple este rol es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el que debe emitir su opinión —no vinculante— sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de nuestra regla fiscal, proponiendo medidas de mitigación, siempre considerando la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas.

Como parte de sus funciones, hace una semana el CFA evacuó un informe en el que advierte el deterioro de nuestras cuentas fiscales en la última década. La deuda pública creció de 11,9% del PIB en 2013 a 41,5% en 2024. El gasto público en personal aumentó cerca de un 20% más que el PIB y el gasto total un 10% en el mismo período (cifras redondeadas). Los errores en la proyección de ingresos fiscales, la incapacidad para detectarlos a tiempo y las dificultades para ajustar el gasto llevaron a un déficit de 2,9% del PIB en 2024 y a una sobreestimación de los ingresos que infló el presupuesto 2025. De persistir estos desequilibrios, el CFA proyecta que el límite prudente de deuda pública se superará en un par de años.

Con anterioridad, para mitigar este riesgo, el Ministerio de Hacienda había anunciado un recorte fiscal de US$ 600 millones, mayores ingresos vía nuevas leyes en el Congreso y una ralentización de la convergencia al equilibrio estructural (es decir, permitir un mayor déficit en 2025). Sin embargo, el CFA consideró estas medidas insuficientes, recomendando recortes más profundos al gasto y no dilatar la convergencia fiscal.

La respuesta de Hacienda, técnica pero con un matiz político, se dirigió a la comisión de Hacienda del Senado. Cuestionó que el CFA se enfocara solo en recortes de gasto, sin proponer medidas para aumentar ingresos, y defendió su prerrogativa exclusiva en la definición de la política fiscal. Además, argumentó que mayores recortes son limitados por compromisos legales. Siendo válidos los puntos, es importante notar que no existe espacio para mayores impuestos, y el único con liderazgo hoy para reducir muchos gastos innecesarios es el ministerio. Por último, el mejor crecimiento visto en el primer trimestre de este año, unido a mejores perspectivas respecto a la guerra comercial, hace menos complejo un recorte del gasto. Además, existe espacio en la política monetaria para enfrentar el impacto de las turbulencias mundiales.

La sostenibilidad de las finanzas públicas exige adoptar decisiones responsables y oportunas. El CFA cumple al advertir sobre los riesgos fiscales actuales. El informe muestra una realidad ineludible: los ingresos no alcanzan para sostener nuestro nivel de gasto, y las fuentes de financiamiento de ahorros y deuda se han agotado. Ignorar esta advertencia debilita una de nuestras grandes fortalezas: una trayectoria fiscal responsable durante décadas.

Alejandro Micco