La campaña anual de vacunación ha tenido este año algunas dificultades, las que se han complicado con antecedentes de campañas anteriores que parecían bien hechas, pero que también habían sufrido fallas de distinta naturaleza. Según lo informó la Contraloría General de la República, en las campañas de 2022 y 2023 se aplicaron más de 18 mil vacunas vencidas contra el covid-19. El Ministerio de Salud respondió que el error no habría afectado ni al 0,1 por ciento de las dosis administradas, con lo cual es muy posible que no se haya registrado impacto alguno por esta pequeña proporción de población vacunada con efectos dudosos, pues no está claro cuál sería la efectividad de la inmunización después de la fecha de vencimiento. Por cierto, los efectos políticos de los errores cometidos por las autoridades sanitarias no pueden aminorarse y las responsabilidades deberían exigirse. Las explicaciones de que se habrían equivocado al registrar las partidas no logran disipar la obligación de hacerse cargo de la vacunación desde la adquisición de las dosis necesarias hasta su administración a la población objetivo. Pero en 2024, nuevamente se produjeron problemas, puesto que más de un millón 200 mil dosis de vacuna contra la influenza quedaron sin usarse debido a vencimiento o a problemas logísticos y técnicos en su distribución.

La aparición de estas noticias en este mes, cuando aún está en marcha la vacunación por la temporada 2025, no puede ser más negativa, porque daña el prestigio de la autoridad y del ministerio en su conjunto. La confianza en las recomendaciones médicas es una condición indispensable para que la población responda y se inmunice contra las amenazas de infecciones virales. Esta vez, ya los datos están revelando que el país está acercándose a máximos de contagios respiratorios, con cifras que superan ampliamente a las del año pasado. Las cifras de urgencias entre las personas mayores de 65 años durante el mes de abril han sido cerca de un 20 por ciento más altas que en 2024, en tanto la vacunación no alcanza al 60 por ciento, lo que deja a buena parte de la población expuesta al riesgo. Los números entre los niños menores de 5 años revelan una tasa de vacunación aún menor.

La situación sanitaria podría mejorarse si la cobertura de la inmunización tuviera una respuesta más unánime de la población, pero para ello es necesario que toda la información que se entregue sea absolutamente confiable y que no estén surgiendo controversias que desacrediten a las autoridades. Los continuos cuestionamientos es seguro que afectan las reacciones del ciudadano medio, que no posee información calificada ni formación científica. Solo se entera de que existen cuestionamientos que ponen en duda las recomendaciones médicas. Así ha ocurrido con las polémicas artificiosas que se han generado sobre los efectos secundarios de las vacunas. Surgieron ellas en países desarrollados, estimuladas por personas que buscaban notoriedad para poder desarrollar sus negocios. De hecho, los primeros médicos que estimularon estas discusiones han sido condenados y se les ha retirado la licencia para ejercer, pero ellos han permitido dejar establecida la importancia crucial de la confianza en el éxito de las campañas de vacunación.

En Chile, afortunadamente, aún no se ha llegado a esta oposición a las vacunas, pero los errores cometidos no estimulan la confianza necesaria. La autoridad a cargo del programa de inmunización debería ser incuestionable en su formación y capacidad técnica, y ella debiera encabezar la investigación que deje en claro dónde se han producido los errores. Si su principal objetivo, como ha sido habitual durante este Gobierno, es eludir toda responsabilidad, entonces solo prolonga el debate y termina por minar aún más la seguridad en sus indicaciones.