La próxima semana sería finalmente votada por la sala del Senado la reforma constitucional que busca mejorar el funcionamiento de nuestro sistema político. Aunque ha sido objeto de sucesivas dilaciones, la transversalidad de sus apoyos —que van desde el PS a la UDI— debiera asegurar su aprobación por los senadores.

Cuestión distinta será lo que ocurra en la Cámara de Diputados, cuya fragmentación —precisamente, el problema central que busca atacar este proyecto— hace difícil reunir el quorum de cuatro séptimos (88 diputados) que requiere, considerando la resistencia que genera en colectividades pequeñas y entre congresistas que podrían verse afectados por la iniciativa, cuya disposición clave es el establecimiento de un umbral del 5% de la votación nacional para acceder a la representación parlamentaria.

Frente a este escenario, se ha informado que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, estaría sosteniendo conversaciones para avanzar en un “plan B”, una serie de reformas legales que apuntarían a elevar los requisitos para la conformación y financiamiento de partidos políticos, y a fortalecer su disciplina interna. Tales propuestas, de avanzar, deberán ponderarse en su mérito, pero cabe desde ya observar que ninguna se hace adecuado cargo del referido problema de la fragmentación.

En efecto, puede ser valioso establecer mayores exigencias para la creación de nuevos partidos y revisar normas del actual sistema de financiamiento público que pueden estar operando como un incentivo para el aventurerismo. Sin embargo, la fragmentación, con todas sus consecuencias de entrabamiento y dificultad para la construcción de mayorías y el logro de acuerdos, no es un riesgo a prevenir, sino la lamentable realidad actual de nuestro sistema político. A tal punto que —con 18 partidos, representados en ella, más 40 diputados independientes—, la Cámara de Diputados chilena supera incluso a aquellos parlamentos como la Knéset, de Israel —hoy con 15 partidos—, tradicionalmente señalados como ejemplos extremos de fragmentación.

Es imposible enfrentar esta situación sin introducir cambios al sistema electoral. Ese es precisamente el sentido del umbral del 5%: impedir la llegada al Congreso de colectividades que, con mínima votación, concentran —dada la falta de mayorías— un poder muy superior a su efectiva representatividad. Por cierto, es un mecanismo imperfecto y que suscita controversia entre especialistas, pero parece reunir mayor apoyo político que otras fórmulas tal vez más eficaces, como la prohibición de los pactos electorales o la reducción del número de diputados a elegir por distrito. El Ejecutivo, sin embargo, no se muestra dispuesto a abrirse a ninguna de estas opciones y, en cambio, prefiere privilegiar los intereses de los partidos más pequeños del oficialismo, a los cuales poco conviene alterar el defectuoso statu quo actual.

En ese contexto, sin cambios al sistema electoral, un puñado de normas disciplinarias que aumenten el poder de micropartidos —como son algunos de los que hoy existen— no mejorarán la gobernabilidad y, probablemente, tampoco serán entendidas por una ciudadanía cada vez más recelosa de la actividad política.