De cara a su última Cuenta Pública, el próximo 1 de junio, cabría esperar del Presidente Boric una reflexión profunda respecto de lo que ha sido su experiencia de gobierno. El movimiento político que le dio la oportunidad de llegar a La Moneda es reciente y emergió desde el mundo estudiantil universitario, poco representativo de la realidad del país. Su penetración en otros sectores de la sociedad ha sido escasa, y quizás ello está a la base del magro apoyo que ha logrado durante su gestión, si bien le tocó un período de menos dificultades que a su antecesor. La estrategia política que llevó a este movimiento al poder estuvo marcada por el uso del conflicto como instrumento de diferenciación, no solo con sus adversarios evidentes, sino también con sus antecesores de la centroizquierda, la que no resistió su embate y quedó debilitada. Y si bien pudieron conseguir el apoyo de una parte de los votantes de centro en la segunda vuelta presidencial pasada, ello fue más por las características del candidato rival que por sus propios méritos. Luego, durante su gobierno, ese centro se ha alejado de ellos, incluso pese a haber incorporado al Socialismo Democrático a su coalición.

La polarización que emergió de esta manera de hacer política les ha hecho difícil gobernar. Actuaciones opositoras, como la exagerada insistencia en acusaciones constitucionales, dan cuenta de cómo las formas que llevaron al frenteamplismo al poder generan reacciones que siguen tensionando. Más aún cuando el Gobierno, particularmente en su esfuerzo refundacional inicial —por ejemplo, en la campaña del Apruebo—, exacerbó el clima de enfrentamiento. Pero las democracias liberales avanzan preferentemente con cambios graduales y construcción de acuerdos, sobre todo si no se dispone de mayorías parlamentarias. Esa realidad obligó a esta administración a repensar consignas programáticas como la refundación de las policías, la condonación total del CAE o el término de las AFP. En la práctica, mientras que en materia policial se ha avanzado escasamente incluso en reformas razonables, en las otras áreas el camino seguido ha diferido marcadamente del trazado original. Por cierto, la emergencia de la seguridad ciudadana como la prioridad más evidente de la población afectó el desarrollo del Gobierno, pero esto era algo que venía incubándose, pese a lo cual mostró no haber llegado preparado.

En momentos en que la democracia pierde alarmantemente fuerza como alternativa preferible de gobierno (véase la última encuesta CEP), sería pertinente una reflexión sincera del primer mandatario. Hay lecciones valiosas que extraer de su experiencia política y de las decepciones a que ella ha dado lugar. Tales lecciones son importantes para su propio partido, el Frente Amplio, pero sobre todo, para las nuevas generaciones que aspiran a influir en la evolución de los acontecimientos. La última cuenta, más que tratar de definir legados que siempre terminan diluyéndose, debería servir para profundizar en lo que significa gobernar una sociedad diversa y compleja. Tal sería un ejercicio valioso.

Indudablemente, un gobierno quiere también cerrar bien su gestión. Hay al menos cuatro dimensiones que pueden ser significativas. Cerrar bien la agenda de seguridad, que contiene varios elementos pendientes —por ejemplo, la ley de inteligencia—, es una. La segunda es la agenda del Senado en materia de reforma política. No es perfecta, pero sí un primer paso que ayudaría a un mejor funcionamiento de la democracia. El Gobierno haría bien en no entorpecer su evolución. Una tercera dimensión es llevar a buen término el proyecto de “permisología”, las medidas que promueven la inversión y la reforma de notarios y conservadores. Por último, lograr un nuevo financiamiento estudiantil en la educación superior que reemplace al CAE sería un aporte. Sus pilares fundamentales cuentan con apoyo, pero el impacto negativo en los ingresos de las instituciones por impedir el copago de quienes, perteneciendo a los deciles 7 a 9, reciban el nuevo financiamiento, y el alto gravamen que le correspondería pagar a una proporción importante de los egresados suscitan justificado rechazo y, además, son innecesarios para un buen funcionamiento del sistema. Ello puede llevar al fracaso de una reforma y, de paso, impedir que se cierre una llave que hoy contribuye al déficit fiscal.