La situación fiscal es grave: recaudamos 21 puntos del PIB, pero gastamos 24. Hemos errado en las proyecciones, ejecutamos en forma deficiente y hemos sido incapaces de generar más ingresos. En resumen, no hay plata.

Esto, que parece alarmante, quedó plenamente refrendado en los últimos informes de la Dipres y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Un breve recuento: en 2024, el déficit alcanzó -3,3% del PIB, muy lejos de la meta de balance estructural originalmente fijada por el Ejecutivo de -1,9%. En 2025 tampoco se cumplirá la meta, y en lugar de -1,1% del PIB llegaremos a -2% (o peor). Dadas estas constataciones, el Gobierno resolvió modificar la meta a una más deficitaria, de -1,6% del producto para este año y seguir postergando la convergencia fiscal.

Para enfrentar este desbalance, las acciones correctivas que por Ley de Responsabilidad Fiscal debía anunciar el Ejecutivo resultan completamente insuficientes. Aunque parezca inverosímil, mientras el CFA recomendaba un ajuste por US$ 1.500 millones para 2025, el Gobierno solo comprometió US$ 28 millones, pues el resto depende de reformas legales para lograr un menor gasto por US$ 185 millones y mayores ingresos por US$ 800 millones.

Como si fuera poco, el escenario de mediano plazo podría deteriorarse aún más. Mientras el Ejecutivo proyecta holguras fiscales negativas por -US$ 4.500 millones para el período 2026-2029, al sincerar los mayores gastos por la trayectoria de la inversión estas podrían llegar a -US$ 12.800 millones. Esto implica que todo eventual excedente por mayor crecimiento de la economía tendrá que destinarse a cubrir el déficit, sin contar las presiones de gasto venideras.

El balance de las cuentas fiscales es de la mayor relevancia para el presente y el futuro del país: importa para el crecimiento de la economía, para la confianza de los inversionistas, e impacta en la vida cotidiana de las personas. Por eso, cuando se deteriora nuestra posición financiera neta —activos menos pasivos—, que al cierre de 2024 llegó a 37,2% del PIB versus 31,2% en 2022; y cuando echamos mano a nuestros ahorros sin crisis mediante —el Fondo de Estabilización Económica y Social se ha reducido de US$ 7.500 millones a US$ 3.600 millones en tres años—, perdemos la capacidad para enfrentar futuras crisis o emergencias, corremos el riesgo de pagar más intereses de la deuda y se dificulta atender a las urgencias de las personas.

El partido del gasto fiscal 2025 ya está muy avanzado, vamos perdiendo y hemos sido notificados de que no habrá cambio de estrategia. Sin embargo, aún se puede tratar de empatar y proyectar un mejor mediano plazo si iniciamos ahora un exigente conjunto de medidas:

1. Sincerar que tenemos un problema serio y no contarnos cuentos. Transparentar que tendremos menores ingresos y mayores gastos en el mediano plazo y, junto con ello, pausar una modificación de las metas es fundamental para tomar “conciencia de enfermedad” e iniciar un tratamiento apropiado. En esto, cuidar el contrapeso técnico del CFA es esencial.

2. Implementar como mínimo el ajuste al gasto público anunciado por el Ejecutivo para el año 2025, consistente con un déficit del -2% del PIB. Este esfuerzo debe ser más profundo si los ingresos fiscales consolidan el rezago que muestran en los primeros meses del año. Si esto no se hace, el déficit será aún mayor.

3. Cuidar nuestra institucionalidad fiscal. Las declaraciones vía oficio del Ejecutivo cuestionando las atribuciones del CFA erosionan la confianza y no contribuyen a corregir el rumbo. Ratificar la autonomía y el carácter técnico de este novel organismo como contrapeso al poderoso Ministerio de Hacienda nos permite consolidar una mirada larga y sostenible de las cuentas fiscales. En ello, resultará clave la propuesta que deberá realizar el Gobierno al Senado para nombrar a un nuevo consejero y la definición que el primer mandatario tome para la presidencia del órgano.

4. Ad portas de la discusión del Presupuesto 2026, las fuerzas políticas debieran convocar un acuerdo transversal para una expansión acotada del erario nacional, el que debería situarse por debajo del crecimiento del producto y marcar así un precedente para los que vendrán. En la última década, excluyendo la pandemia, la ejecución del presupuesto creció en promedio un 4% real anual, pero la economía tan solo creció al 2%. Esto no es sostenible.

5. Con todo, el gran desafío de ajuste fiscal lo tendrá que asumir la próxima administración, que no solo tendrá poca plata, sino que además deberá reducir en a los menos US$ 6.000 millones el gasto acumulado del período, sin considerar todos los esfuerzos recaudatorios que deberá impulsar vía crecimiento económico.

Sabemos que en año electoral los incentivos no están alineados para una misión de tamaña envergadura, pero es que tal como lo planteó el CFA, o tomamos medidas urgentes y relevantes o el déficit generará un daño permanente e irreversible. Y esto sí que es materia de Estado.

Alejandro Weber
Decano Economía, Negocios y Gobierno USS