Señor Director:

En carta de ayer, los directivos de las principales entidades del activismo ambiental del país sostienen que, a su juicio, ellos cumplirían un rol, “para la profundización de la democracia, la defensa del interés público, del medio ambiente y de los derechos humanos”. Estas son lindas palabras que suenan bien, pero en los hechos lamentablemente el país, y especialmente los trabajadores, pagan un alto costo.

Hace un tiempo, la prensa informó que en una de las sesiones oficiales del Congreso, uno de los firmantes de la carta, el señor Matías Asún, que se desempeña como presidente de Greenpeace, dijo: “Yo al menos tengo 56 mil socios donantes, lo que me garantiza judicializar cualquier cosa que me parezca que destruya el medio ambiente”. Y agregó: “Garantizo que puedo agregar unos dos mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”. A confesión de parte, relevo de prueba.

Esta confesión revela el inmenso daño que hace el activismo ambiental al progreso del país, dado que reconocen disponer de importantes recursos económicos para paralizar proyectos de inversión que generan empleo y recursos al Estado con el simple expediente de judicializarlos, aun cuando al final se acredite que esas iniciativas cumplían con todos los requisitos legales para ser desarrollados.

Julio Dittborn C.