En su último informe, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) alertó sobre la dinámica de las cuentas fiscales y la gravedad que representa el incumplimiento sistemático de los objetivos de balance estructural. La dura reacción del Ministerio de Hacienda —el cual, mediante una nota enviada a la comisión mixta de Presupuestos del Congreso, acusó al Consejo de extralimitarse en sus atribuciones— marca un antes y un después para la institucionalidad fiscal en Chile.

El Consejo Fiscal Autónomo fue creado en 2019, en reemplazo del Consejo Fiscal Asesor. Con su creación, se buscó desarrollar una institucionalidad que, situada al margen del quehacer político, contribuyera al manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. Para el logro de su objetivo, la ley le otorgó facultades para (i) evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuestos; (ii) evaluar y monitorear el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes, y manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas establecidas, así como proponer medidas de mitigación, y (iii) evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones.

A la luz de estas atribuciones, cuesta advertir que el CFA —como sostiene Hacienda— las haya sobrepasado. Más bien, y más allá de la dimensión política de este episodio, es probable que estemos entrando en una nueva etapa de la institucionalidad fiscal y que la dura reacción de la autoridad sea signo de ello. En efecto, por primera vez, las evaluaciones e informes comienzan a dejar en claro que la posición fiscal del país está desmejorada. Cuando la deuda y los déficits estaban controlados, no había espacio de fricción entre el CFA y el Gobierno, pero ahora que la situación fiscal es más delicada, resulta inevitable que las tensiones comiencen a aflorar. En cierta medida, pues, esta es una señal de que la institucionalidad está funcionando y que el Consejo está ejerciendo la tarea para la cual fue creado, aun al precio de entrar en tensión con el Ministerio de Hacienda.

Pero para que esta fricción conduzca a un equilibrio virtuoso, es fundamental que los actores políticos validen la autonomía del CFA. En la práctica, ello pasa por asegurar que las personas que conforman su Consejo sean de alto nivel técnico y profesional, así como por garantizar en su composición un equilibrio en términos de visiones políticas. De esta manera se podrá cumplir el objetivo institucional que se les ha encomendado. Este asunto es de especial interés en la actualidad, ya que el vencimiento del período del actual presidente del CFA requiere su reemplazo en un procedimiento conjunto entre el Presidente de la República y el Senado, así como la designación del nuevo presidente del CFA por parte del Presidente Boric. La responsabilidad con que se actúe en este proceso de nominaciones revelará cuán verdaderamente comprometido con el fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo está el Gobierno.