Señor Director:

El llamado caso Fundaciones —desde Procultura hasta Democracia Viva— ha puesto en evidencia una fragilidad estructural en los mecanismos de integridad del Estado. Más allá del impacto mediático, estos hechos revelan una carencia profunda de estándares efectivos de cumplimiento normativo (compliance) en el sector público chileno.

Mientras el mundo privado ha debido avanzar en protocolos éticos, control de riesgos y cultura de integridad, buena parte del aparato estatal aún opera sin sistemas verificables de prevención, trazabilidad o rendición. Esto ha facilitado la captura de recursos públicos por entidades articuladas políticamente, amparadas en convenios directos, fiscalizaciones débiles y escasa transparencia.

Esto debería marcar un punto de inflexión. La probidad no puede seguir reducida a una consigna ética; debe traducirse en prácticas institucionales exigibles, medibles y profesionalizadas. Por ello, es clave avanzar en compliance en el sector público, particularmente para gobiernos regionales, municipios y servicios.

Lo que ha pasado no puede abordarse solo con sanciones después de ocurridos los hechos. Se requiere rediseñar los procesos de gestión pública desde la base, con foco en la prevención de conflictos de interés, control efectivo del gasto y responsabilidad institucional. Sin reformas estructurales, los riesgos de discrecionalidad, opacidad y corrupción seguirán socavando la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado.

Álvaro Bellolio
Director Escuela de Gobierno UNAB

Carlos Guazzini
Profesor Diplomado Compliance y Gobernanza en las Instituciones Públicas