El largo y gradual proceso de pérdida de competitividad del país se ha manifestado con fuerza en un menor dinamismo económico. Así, las aspiraciones de un mejor futuro se ven limitadas por un crecimiento tendencial que se estima no superará el 2%. A esto se agrega una tendencia de la deuda pública altamente preocupante. El Consejo Fiscal Autónomo alertó esta semana del riesgo de que esta se vuelva insostenible.

Sacar a Chile de este estado de cosas demanda un giro en la forma en que se gestiona el país. La próxima elección presidencial ofrece esa oportunidad.

La antesala presidencial

La Semana de la Construcción, reunión anual organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ofreció una antesala de lo que serán las discusiones de cara a la elección del 16 de noviembre. El pasado miércoles, el evento reunió a seis de los candidatos en un panel de debate: Jeannette Jara (PC), Johannes Kaiser (Nacional Libertario), José Antonio Kast (Republicano), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático).

En líneas generales, existió un diagnóstico transversal en torno a la necesidad de retomar la senda de crecimiento. Matthei fue explícita en su meta de volver a crecer al 4% de la mano de una mayor inversión, mientras Kast aludió a la idea de que en el país hoy la “pelota está trancada”. Por su parte, Kaiser propuso la reinstauración del FUT como incentivo a la inversión. Los tres candidatos de oposición plantearon la reducción o eliminación de distintos impuestos para reactivar la economía. La crisis de seguridad también fue abordada por cada uno, lo mismo que la urgencia de reducir el tamaño del Estado. En este punto, los tres fueron críticos tanto respecto del crecimiento del empleo público como de las injustificadas demoras y trabas en materia de permisos.

Entre los postulantes de izquierda, si bien el reconocimiento del complejo escenario económico fue menos evidente, los planteamientos también apuntaron en esa dirección. Jara —quizás la de mejor desempeño entre los candidatos oficialistas— planteó la entrega de nuevos beneficios sociales para permitir el acceso a la vivienda a jóvenes e insistió en críticas al sector privado en materias salariales, pero valoró las asociaciones público-privadas para el desarrollo. Winter, por su parte, se centró en temas de infraestructura, proponiendo subsidios e incentivos y planteando la idea de crear una empresa pública para desarrollar obras no abordadas por los privados. Tohá, en tanto, apuntó al déficit habitacional, proponiendo construir 100.000 nuevas viviendas al año, y se refirió a la crisis de seguridad con la idea de cuadruplicar la cantidad de carabineros del GOPE.

Fue interesante observar una cierta coherencia en el mensaje de los tres candidatos de la oposición, misma que no fue evidente entre los oficialistas. Esto último puede ser un natural resultado de los bajos niveles de aprobación de la administración Boric. Por otra parte, las mayores tensiones fueron en los temas asociados al empleo público: mientras los candidatos de oposición hablaron de la necesidad de evaluar, revisar y eventualmente desvincular a “apitutados” y “operadores políticos”, las cartas oficialistas calificaron esos planteamientos como “una solución frívola”. Las diferencias fueron también evidentes en materia de impuestos.

Lo visto el miércoles permite anticipar que el crecimiento estará en el centro del debate presidencial. En cambio, y con contadas excepciones, menos claridad hubo respecto de cómo se pretende abordar la compleja situación fiscal del país.

Tema fiscal: una tensión sin precedentes

La situación fiscal emerge, en efecto, como uno de los principales desafíos del próximo gobierno. El último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) no dejó espacio a dudas: la tendencia del gasto pone en riesgo la sostenibilidad de nuestra deuda.

Frente a ello, en un hecho sin precedentes, el ministro de Hacienda, presentó una larga y detallada respuesta a las críticas del CFA. Lo hizo en una extensa misiva dirigida a la presidenta de la comisión mixta de Presupuestos del Congreso: un documento que genera tensiones institucionales indesmentibles.

En lo esencial, critica el “tono inusualmente severo” del informe del CFA, argumentando que este no permite distinguir entre “actos y decisiones del actual gobierno o de períodos anteriores”. Lo cierto es que las críticas y recomendaciones del CFA han sido múltiples durante esta administración y no siempre recogidas. Por otra parte, el grave descalce de las cuentas fiscales en 2024, responsabilidad de Hacienda tanto en la predicción como en la ejecución, amerita un tono severo, por sus significativas implicancias. Algo similar ocurre con las tenues medidas correctivas planteadas desde el Ejecutivo o la cuestionable decisión de haber reemplazado el Decreto de Política Fiscal. Así, más que una contestación argumentativa, lo que el país espera de Hacienda es una respuesta a la altura del desafío.

El episodio pone en evidencia la necesidad de blindar institucionalmente al CFA. La nominación de su próximo presidente toma una connotación distinta tras los reproches de Hacienda en contra de este órgano autónomo. La independencia y objetividad del CFA no pueden ser hipotecadas. El Senado de la República —encargado de aprobar los nombramientos de los consejeros— tiene la obligación de velar por ello.