A los recientes accidentes de aviación ocurridos en varios lugares del planeta producto del choque de las turbinas de dichos aviones con aves circunvolando las cercanías del aeropuerto respectivo, se han sumado sucesivas suspensiones de vuelos en Pudahuel, cuando se ha detectado una abundancia de aves en las cercanías de ese terminal aéreo. Una de las causas más probables de aquello es la existencia de vertederos ilegales adyacentes que no han podido ser controlados, lo que ha abierto un debate más general respecto de la disposición final de los residuos domiciliarios u otros.

Esa discusión, a su vez, ha permitido constatar que dos de cada tres vertederos que operan en el país son ilegales, lo que constituye una proporción alarmante. Dichos vertederos, especialmente cuando contienen residuos orgánicos, atraen la presencia de vectores como roedores y aves, generando problemas sanitarios, además del peligro que representan las aves para la vida de los pasajeros de los aviones.

En Chile, la ley exige que los residuos domiciliarios sean recolectados y dispuestos en rellenos sanitarios autorizados, sometidos al control de la autoridad, que verifique que estos se dispongan en “celdas sanitarias”, las que deben ser inmediatamente cubiertas con tierra, para evitar la aparición de olores y vectores. Realizado correctamente, esto no representa una dificultad y es la manera menos onerosa de disponer los residuos. El problema es que la población se opone a que esos rellenos se encuentren cerca de zonas pobladas y, a medida que su ubicación se aleja de aquellas, aumenta el precio del transporte requerido, encareciendo el servicio. Las opciones más tecnológicas, que no utilizan rellenos sanitarios, consisten en plantas que separan los residuos, reciclando algunos e incinerando otros para producir energía, pero los costos involucrados se alejan aún más de los que los municipios están dispuestos a pagar.

De manera que, como en muchas otras materias, la solución al problema, aparte de ejercer una fiscalización muy cercana para eliminar los vertederos ilegales, con multas ejemplarizadoras a quienes los manejen o utilicen, implica un aumento de costos, ya sea ubicando los rellenos sanitarios en zonas más aisladas, o bien, utilizando plantas recicladoras e incineradoras para disponer los residuos. Cargar ese mayor costo a los usuarios será difícil, porque muchos de ellos ya se quejan de lo que actualmente pagan, cuando lo hacen. Otra opción es que el Estado lo subsidie, y que sea el debate parlamentario el que apruebe entregar los recursos necesarios. Es resorte de la autoridad escoger el camino a seguir.