La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que imponga una multa por abuso de posición dominante a Google. El motivo del requerimiento es que esta empresa impide o entorpece la libre competencia en el mercado de aplicaciones y otros bienes digitales en el sistema operativo Android. La multa solicitada es de 101.482 UTA, es decir, unos US$ 89 millones. Además, la Fiscalía solicita que Google cambie sus prácticas para evitar estas conductas en el futuro.

El caso es interesante, porque la gigante tecnológica ha creado muchas aplicaciones gratuitas muy populares, que el público utiliza sin pagar por ellas: correo electrónico, calendario, un navegador, una serie de programas para tareas de oficina y muchas otras. El objetivo de esta estrategia es en parte obtener información de los usuarios, valiosa para los avisadores que compran espacio en el buscador de Google. En otros servicios gratuitos, el interés ha sido proteger su dominancia justamente en el mercado de búsquedas, que genera la mayor parte de sus ganancias. Para esto creó el sistema Android, utilizado en Chile por el 96% de los teléfonos móviles. Con este se aseguró de que su motor de búsqueda siguiera presente en los aparatos que se han transformado en el medio principal de acceso a los servicios de internet. Más aún, mantuvo un acuerdo, solo recientemente descontinuado, para que también los iPhones tuvieran como default el motor de búsqueda de Google, a cambio de sumas que llegaron hasta los veinte mil millones de dólares anuales.

Con el tiempo, Google descubrió que también podía monetizar parte de los gastos en que incurría con Android. Esto lo logró mediante el cobro de comisiones a los autores de aplicaciones para ese sistema operativo, comercializadas y pagadas por medio de Google Play. Aunque Apple tiene conductas similares con su ecosistema de iPhones, su participación de mercado en Chile es menor, por lo que la Fiscalía excluyó, al menos por ahora, un requerimiento contra ella.

Pueden existir ciertas razones atendibles para imponer que los usuarios deban utilizar Google Play: esta tienda da garantías (aunque no certezas) de que las aplicaciones distribuidas no contienen virus ni hacen phishing o tienen otros riesgos que enfrentan quienes las descargan de la red. Es un argumento ventajoso para la empresa, pues sirve de justificación para imponer obstáculos a la competencia de sitios de descarga que cobren menos a los desarrolladores de aplicaciones. De hecho, existen alternativas a Google Play en Android, pero es una operación complicada y se advierte en forma repetida al usuario de los riesgos para la integridad del sistema operativo de su teléfono. Tras esas advertencias, solo los expertos se atreven a usar esos canales. La Fiscalía atribuye estas medidas al objetivo de evitar la competencia; aunque es una motivación, no se debe omitir el riesgo de aplicaciones no verificadas por una entidad confiable.

En este contexto, y tratándose de un tema con aristas múltiples, sorprende, además del elevado monto de la multa que se pide, el que uno de los argumentos sea la protección de los desarrolladores de aplicaciones. Si bien resulta natural fundamentar una sanción en el daño infligido a los consumidores, otra cosa es la defensa general de los creadores de contenido, más allá de Chile. En efecto, la vasta mayoría de estos desarrolladores son extranjeros y no parece que la protección de ellos sea necesariamente tarea de nuestro aparato de libre competencia. Por último, la Fiscalía solicita que Google cambie su comportamiento. Siendo una empresa internacional, la pregunta es si tal exigencia resulta viable de imponer e incluso si podría eventualmente ser compatible con requerimientos de organismos de competencia de otros países, abriendo inesperados flancos de conflicto.