En el contexto contemporáneo de amenazas híbridas y asimétricas, los datos personales se han consolidado como vectores críticos para la seguridad nacional. La información que individuos generan en entornos digitales —desde metadatos de comunicaciones hasta patrones de consumo— constituye una fuente de inteligencia operativa que permite a los Estados anticipar, mitigar y neutralizar riesgos emergentes.

La capacidad estatal de procesar grandes volúmenes de datos (big data), aplicando técnicas de análisis predictivo e inteligencia artificial, ha transformado la doctrina de seguridad. La prevención del terrorismo, el combate al crimen organizado transnacional y la ciberdefensa dependen cada vez más de la correlación de datos personales diseminados en múltiples plataformas.

El conocimiento que Estados u organizaciones foráneas tengan de nuestros patrones de desplazamiento, consumo energético, producción, riesgos, debilidades en nuestra infraestructura crítica o falta de inversión en defensa o sistemas de seguridad, constituye un activo preciado por medio del cual se podría condicionar nuestra independencia y poner en riesgo nuestra seguridad nacional. Por ello, resulta determinante que el Estado comience a mirar los datos que posee y (mal) administra de una forma estratégica, que permita aumentar la eficiencia en el uso de recursos públicos y a su vez proteja nuestra soberanía. No obstante, el uso de estos datos plantea desafíos normativos y éticos. Su tratamiento debe cumplir estrictamente con principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad y minimización, tal como lo exigen marcos regulatorios como el GDPR, en Europa; nuestra Constitución, desde 2018, o la renovada Ley 19.628. Así, la recolección y su tratamiento deben realizarse con estándares éticos y la reserva adecuada para el logro de su objetivo y la protección de los ciudadanos. Se trata de información agregada que no permita identificar personas pero que sirva para analizar procesos y crear métricas. Además, es imprescindible que los organismos de inteligencia y seguridad cuenten con sistemas robustos de gobernanza de datos, auditorías internas y supervisión independiente para evitar excesos o usos indebidos.

La arquitectura de seguridad nacional moderna requiere una articulación efectiva entre protección de datos, interoperabilidad institucional y cooperación internacional. Pero, sobre todo, necesita asegurar que la confianza ciudadana no se vea erosionada. En un ecosistema digital interconectado, proteger los datos personales no solo es un imperativo ético, sino una condición esencial para la resiliencia del Estado frente a amenazas emergentes en la era de la guerra digital y el cibercrimen.

Felipe Harboe