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Editorial
Jueves 15 de mayo de 2025
Meiggs, ¿tierra de nadie?
Más allá de acciones efectistas, son necesarias medidas sostenidas en el tiempo que permitan romper la impunidad.
El copamiento de los espacios urbanos por el comercio informal, muchas veces manejado por mafias organizadas, parece ser una de las principales causas de la delincuencia que afecta a los habitantes de las grandes ciudades del país, convirtiéndose en un foco propicio para las acciones violentas debido a la competencia por ganar terreno y presencia en distintos puntos. Ante la tolerancia —o más bien impotencia— de la autoridad, miles de consumidores alimentan un comercio que no respeta las normas básicas, en un intercambio ilegal en el cual vendedores y compradores se ven favorecidos por un entorno que alienta la impunidad.
Uno de los sectores emblemáticos en la capital es el barrio Meiggs, ubicado en el límite entre las comunas de Santiago y Estación Central. Esfuerzos anunciados y publicitados de terminar con los toldos azules que copan las veredas y que cobijan al comercio ambulante —obstruyendo incluso el paso del transporte público y afectando gravemente a los negocios establecidos— han fracasado, pues al desalojo responde una rápida reocupación, lo que ha derivado en que haya áreas vedadas para el libre tránsito. La tensión se extiende incluso hacia sectores donde opera comercio formal, generando una verdadera tierra de nadie en términos de seguridad.
Es lo que ocurrió con ocasión de la visita del presidente del Senado, el senador Manuel José Ossandón, quien intentó realizar —hace unos días— un recorrido por ese sector, acompañado de dirigentes de la asociación para el desarrollo de Meiggs, pero evitando las zonas más riesgosas. Durante una tensa caminata, el senador recibió expresiones de reprobación de los ambulantes, para luego ingresar al interior de una galería comercial. Allí intentó realizar un punto de prensa en que los periodistas le hicieron notar justamente que él había preferido no recorrer ciertos lugares y le preguntaron qué le parecía el que las autoridades y los ciudadanos tuvieran miedo o debieran evitar algunas zonas, pregunta ciertamente pertinente, pero que el parlamentario estimó “una desubicación”. En eso estaba, cuando guardias y el administrador de la galería se acercaron en forma intimidante para reclamarle por no haber pedido permiso para la actividad, lo que colocó en alerta a los escoltas del congresista. Este finalmente salió del lugar y habló con la prensa en un área más tranquila, en un costado de la Alameda. Según el parlamentario, el objetivo de su visita era dar a conocer la realidad de la informalidad y demostrar cómo se ha perdido el control. Según sus palabras, el barrio Meiggs se ha convertido en “una especie de Temucuicui en la Región Metropolitana”. Es una observación acertada y que hace inevitable recordar episodios como la frustrada visita a esa zona de La Araucanía intentada por la exministra del Interior Izkia Siches, en los inicios del actual gobierno. El incidente vivido por el senador fue sin duda distinto, pero ha puesto en evidencia la existencia de sectores en la propia capital del país en donde la segunda autoridad de la república no puede entrar o incluso hablar con los periodistas, so riesgo de sufrir agresiones físicas.
Y es que el deterioro de las ciudades, tanto en el cuidado de la infraestructura como de la seguridad ciudadana, no logra revertirse con la eficacia esperada después de los graves hechos de hace un lustro. Por el contrario, parecen consolidarse áreas sin control por parte del Estado. Así, tanto las autoridades como las fuerzas policiales enfrentan la tarea largamente pendiente de responder a la demanda ciudadana por un entorno seguro, donde no haya “bolsones” en los que se impone la ley del más fuerte, con total ausencia del Estado de derecho. Tal debiera ser, por lo demás, una de las prioridades del recién estrenado Ministerio de Seguridad Pública. En definitiva, recuperar la seguridad en los barrios implica ir más allá de acciones efectistas y aisladas. Se requiere el concurso de todas las instituciones involucradas para implementar medidas de fiscalización y desalojo que puedan mantenerse en el tiempo y romper un círculo de impunidad que hoy parece imponerse.