El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó ayer su informe semestral ante la Comisión Mixta de Presupuestos, advirtiendo que el país atraviesa un punto de inflexión por la persistencia de déficits estructurales que han llevado la deuda bruta a acercarse a su nivel prudente del 45% del PIB.

En este contexto, no sorprende que una de las recomendaciones del CFA a Hacienda haya sido incorporar el principio de “cumplir o explicar”, una práctica adoptada por varios consejos fiscales europeos que busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia fiscal. En términos simples, indica que, si el gobierno no acoge una recomendación del CFA, debe justificar públicamente su decisión.

¿Por qué este principio es relevante ahora? Porque el incumplimiento de las metas fiscales en 2023, 2024 y la proyección para 2025 comparten un hilo conductor: no se atendieron a tiempo las advertencias sobre la sobreestimación de ingresos fiscales realizadas por el mercado y el CFA. Así, acumulando incumplimientos cercanos a 2 puntos del PIB, la meta para 2025 se volvió inalcanzable y fue necesario ajustar la meta de balance este año. Pero en su momento no se conocieron las razones por las cuales Hacienda no siguió las recomendaciones del CFA.

De no materializarse el ajuste fiscal este año, para el futuro gobierno el promedio del crecimiento real del gasto compatible con trayectoria del balance estructural alcanzaría solo un 1,3% real (muy inferior al 4,9% promedio entre 2010-2024). Y en el caso de mantener el déficit crónico que nos aqueja de 2 puntos del PIB, la deuda pública superará el umbral prudente hacia fines de 2026, llegando a 50% del PIB en 2030.

Según la experiencia internacional recogida por el FMI, solo en un 30% de los casos se logra una consolidación fiscal como la propuesta para el próximo gobierno. En el caso de Chile, la principal dificultad radica en que los ajustes estructurales, tanto en ingresos como en gastos, requieren tiempo para implementarse. Estos cambios dependen de acuerdos amplios y procesos legislativos complejos, lo que implica negociación, esfuerzo y paciencia. No existen atajos.

En definitiva, avanzar hacia una institucionalidad fiscal más robusta requiere no solo reglas claras, sino también incentivos adecuados para cumplirlas. El principio de “cumplir o explicar” no resolverá por sí solo nuestros desafíos fiscales, pero sí puede marcar una diferencia clave: obligar al gobierno a transparentar sus decisiones en el momento que se aleje de las recomendaciones técnicas. En un escenario de creciente restricción fiscal, rendir cuentas ya no es una opción, sino una necesidad.

Matías Acevedo