No parece haberse dimensionado en toda su gravedad la reacción de la cúpula del Frente Amplio ante las derivaciones del caso Procultura. Cuando el sábado pasado el país aún no salía del impacto por la divulgación de los nuevos antecedentes en torno el caso, el partido del Presidente de la República no encontró nada mejor que arremeter contra el Ministerio Público y la indagatoria que este lleva a cabo, llegando a calificar como “espionaje político” diligencias investigativas autorizadas por el Poder Judicial. Sin ni una sola mención a la necesidad de aclarar el destino de los millonarios recursos públicos involucrados y de establecer las correspondientes responsabilidades, la declaración emitida ese día por la colectividad oficialista dedica un par de frases a descartar cualquier vínculo suyo con la referida fundación, para luego lanzarse en una verdadera diatriba.

Así, entre otros puntos, acusa al fiscal Patricio Cooper de pretender “desprestigiar al Presidente de la República” y pone en duda la intencionalidad detrás de las interceptaciones telefónicas llevadas a cabo, pues su magnitud “no responde a una auténtica búsqueda de pruebas”, sino que constituiría una operación de espionaje que dañaría la institucionalidad del Ministerio Público y la propia democracia. El punto es paradójico: si algo daña a la institucionalidad —y por ende a la democracia— es el intento por erosionar la legitimidad de las acciones del órgano encargado de la persecución penal y, por extensión, de los tribunales de justicia que las han validado. Nada de eso parece haberle importado a la directiva frenteamplista, solo preocupada de instalar una narrativa de victimismo y persecución política.

Debe reconocerse el contraste entre esa declaración y la emitida por el Presidente Gabriel Boric desde Asia. Pese a ser afectado por la filtración de comunicaciones privadas —consecuencia indeseada pero posible en indagatorias complejas—, llamó a “dejar que las instituciones funcionen” y aseguró tener “absoluta tranquilidad”, marcando distancia con la directiva de su conglomerado. Otras figuras del oficialismo han replicado esa mayor prudencia. Esto, a diferencia de episodios previos, como cuando la vocera de gobierno se permitió emplazar al Ministerio Público ante las versiones sobre la solicitud de interceptar el teléfono presidencial, debiendo luego ser corregida por el ministro de Seguridad. Al parecer, esta vez la lección ha sido aprendida por La Moneda.

Ello, sin embargo, no hace menos preocupante el tono disonante del Frente Amplio. Por cierto, la evidencia acumulada en la investigación deberá ser en su momento ponderada por los tribunales. Con todo, los antecedentes hasta ahora conocidos son inquietantes: mensajes que aluden a gestiones para obtener recursos públicos, conversaciones sobre presuntos favores políticos, la invocación de cercanías con altas autoridades para facilitar trámites, o las afirmaciones sobre un supuesto financiamiento de campañas. Precisamente por la gravedad de lo que se sugiere, debiera interesar a todos los actores el buen resultado de las indagatorias. Ello no implica desconocer el derecho de quienes se sientan afectados por alguna acción del fiscal a impugnarla, pero la institucionalidad define los caminos y las herramientas para eso. Son los tribunales y no las directivas partidarias las llamadas a resolver tales controversias.

Deslegitimar a las instituciones cuando las investigaciones apuntan al propio sector es un recurso peligroso que erosiona la confianza pública y debilita la democracia. Más que denunciar operaciones políticas, corresponde al Frente Amplio colaborar con la justicia y asumir las responsabilidades políticas que se deriven de estos casos.