La posibilidad de lograr buenas políticas públicas depende crucialmente del buen uso de la información disponible. En caso contrario, dichas iniciativas corren el riesgo de generar costos sociales que luego son difíciles de revertir. Esa posibilidad ha quedado de manifiesto en el proyecto de ley de fraccionamiento pesquero que, como se recordará, tiene su origen en el proyecto de ley de pesca cuya tramitación ocurre en paralelo. Los errores en la información han afectado principalmente a la pesquería de la merluza común. Las autoridades del Gobierno (Ministerio de Economía y Subsecretaría de Pesca) argumentaron durante la tramitación que en este caso el sector industrial, representado por una sola empresa, capturaba apenas un 60 por ciento de la fracción que le correspondía, equivalente a su vez a un 60 por ciento de la cuota global de captura. Esta fracción se definió en la Ley 20.657, vigente desde enero de 2013. A los parlamentarios, frente a esta información, no les pareció, entonces, tan complejo reducir la fracción de la pesca industrial a un 48 por ciento para así subir desde un 40 a un 52 por ciento la participación de la pesca artesanal.

Sin embargo, la evidencia efectiva apuntaba en otra dirección. La empresa en su operación se encontraba, más bien, en el límite superior de lo que permite la fracción asignada. El ministro de Economía ha reconocido que la información presentada era equivocada. El aspecto más grave de esta situación es que el proceso deliberativo, esperable en una democracia, quedó sesgado, e incluso clausurado, por este error. Se culpa a equipos técnicos que no habrían advertido a sus superiores que la información no incluía la captura del año completo. Es decir, las consecuencias políticas de una equivocación tan compleja no son asumidas por la autoridad. Ha sido, en general, la constante durante este gobierno, salvo en cuestiones específicas donde la presión política no se pudo soportar más. La evolución de este caso es difícil de aventurar, pero en algunas comunidades, como Talcahuano, la molestia es grande y justificada.

La poca empatía con la que ha reaccionado la autoridad, particularmente respecto de los empleos que podrían perderse, sugiere que detrás de la revisión del fraccionamiento ha predominado un enfoque meramente redistributivo. Se nota también en la poca disposición de parlamentarios oficialistas, particularmente comunistas y frenteamplistas, para permitir que el proyecto se pueda votar de nuevo en estos aspectos. Así, se demuestra que el objetivo no es asegurar buenas políticas públicas o promover el empleo, sino solo transferir riqueza. Una explicación alternativa es que se estime que esa variable no va a verse afectada, porque como no cambia la cuota global, se necesitarán los mismos puestos de trabajo actuales. Sin embargo, aun si la fracción redistribuida vuelve a la industria (si los artesanales la transfirieran), se ignoran los efectos en los márgenes de las empresas y las distorsiones que esas negociaciones pueden generar. Que ello no sea considerado sugiere la creencia de que las empresas capturan una renta que, en rigor, debiera ser propiedad de otros actores y, por tanto, de ocurrir el cambio, no modificará su decisión de producción.

Sin embargo, no se ofrece ninguna evidencia que le dé soporte a esos argumentos. Es inconveniente para el diseño de políticas públicas y la deliberación en torno a ellas no solo la divulgación de información errónea, sino también la ausencia de evidencia para sostener argumentos que, sometidos a un escrutinio razonable, quedan desvirtuados o, al menos, requieren de datos básicos que los corroboren. Esto último ha sucedido porque se ha mezclado en la discusión sobre el fraccionamiento la noción de que se desaprovechó la oportunidad de, en la asignación pasada de licencias, haber licitado una mayor proporción de ellas. Eso no habría sido una mala idea y habría que perseverar en ello para 2032, cuando venzan los actuales permisos. En cambio, la alteración en el fraccionamiento antes de que se cumplan los plazos acordados para que estos rijan es completamente inapropiada por lo que significa para las decisiones de otros inversionistas. Por ello, los datos erróneos son el corolario de la tramitación de un proyecto que ha sido mal conducido (partiendo por la decisión de separarlo del proyecto que modifica la Ley de Pesca), usándose información y antecedentes discutibles, y lesionando la credibilidad del país y la certeza jurídica que proyectos de estas características requieren. Aun así, las responsabilidades políticas han brillado por su ausencia.