Señor Director:

Los lamentables hechos ocurridos recientemente en la estación La Cisterna del Metro de Santiago, donde un grupo de vendedores ambulantes ilegales reaccionó con violencia ante una fiscalización —incluso, subiéndose a los vagones y paralizando el servicio—, deben encender todas las alertas. No solo se trató de un acto ilegal, sino también de una acción que puso en riesgo la seguridad de miles de personas y afectó su derecho a movilizarse en un bien público tan esencial.

Lo más preocupante es que el Metro, durante años símbolo de orden, seguridad y eficiencia en el transporte público, ha sido progresivamente invadido por el comercio ilegal. Esta ocupación descontrolada del espacio afecta directamente a los usuarios, quienes ven deteriorada su experiencia de viaje y expuesta su seguridad frente a situaciones cada vez más conflictivas.

Este tipo de episodios, cada vez más frecuentes y violentos, reflejan una preocupante realidad: el comercio ambulante ilegal ya no puede ser entendido únicamente como una expresión de informalidad o necesidad. En muchos casos, estamos frente a redes organizadas que ocupan el espacio público sin autorización, operan al margen de toda regulación y utilizan la violencia como mecanismo de presión y permanencia.

Frente a esto, cabe preguntarse: ¿Qué otro cerco se debe correr para que el combate al comercio ilegal sea asumido como una política de Estado? ¿Cuántas señales más necesitamos para entender que esta problemática no se resolverá con acciones aisladas?

José Pakomio
Presidente de la CNC