En enero de este año se publicó la ley de reajuste al sector público, que incluyó una serie de disposiciones que la convirtieron en una ley de carácter misceláneo. Entre sus variadas normas, ha causado polémica la que establece el retiro obligatorio a los 75 años de los funcionarios públicos. En Chile existe cerca de un millón de personas empleadas en el Estado y alrededor de un 0,3 por ciento supera esa edad. No obstante, al justificar la idea de legislar, el Gobierno observó que la gestión pública se ha visto resentida por el envejecimiento de los funcionarios.

La nueva disposición es congruente con la que ya se aplica en el Poder Judicial, pero nunca se había establecido una regla tan general, que obliga a retirarse a integrantes de cuerpos muy diversos, algunos de los cuales valoran una experiencia altamente calificada. Entre ellos, están las universidades del Estado con sus rectores y académicos, a todos los cuales se les aplicaría la regla, así como a una diversidad de otras instituciones. No parece una medida bien debatida ni afinada con prolijidad, sino más bien una norma tosca que, aplicada en forma tan general, no logrará levantar la desmejorada gestión pública.

En las universidades estatales existen 360 mayores de 75 años, incluidos académicos, directivos y funcionarios. La mayor parte no se dio cuenta de la disposición aprobada, cuya vigencia ha sido diferida para el 1 de enero de 2027. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue quien primero argumentó seriamente en contra, haciendo notar cómo el Gobierno la contradice al seleccionar a personas mayores de esa edad para conformar el gabinete, en tanto el Congreso, que aprobó la ley, incluye a parlamentarios que no solo superan esa edad, sino que buscan ser reelegidos. Las universidades, en particular, gozan de plena autonomía para administrar sus recursos humanos y si al contratar académicos no les pusieron restricciones de edad, constituiría una arbitrariedad que repentinamente se les imponga retirarse a quienes han superado un número de años. Es una medida que podría discutirse y aplicarse en el futuro, pero imponerla a quienes están cumpliendo en forma satisfactoria pasaría a llevar sus derechos.

En una época en que la esperanza de vida aumenta rápidamente, Chile experimenta el envejecimiento de su población y no parece sensato fijar cifras arbitrarias que obliguen a cesar las actividades. Por cierto, es necesario mantener y fomentar la renovación de los cuadros académicos, como también debe producirse un sano recambio en el mundo profesional. Pero algo diferente es lo que se ha hecho al aprobar una disposición en una ley miscelánea aplicable a todos los funcionarios sin distinción. En el mundo universitario hay experiencias respecto de campos donde grandes académicos han producido sus mejores trabajos después de los 70 años, pero en otros son los jóvenes los que más aportan. Por eso, una regla simple y burda no responde a la realidad.