Señor Director:

El costo fiscal de la gratuidad en la educación superior se ha más que duplicado desde su implementación, sin traducirse en sostenibilidad financiera para las instituciones adscritas. Muchas enfrentan hoy graves problemas de financiamiento, poniendo en riesgo la calidad de la educación. Además, su efecto redistributivo es cuestionable: beneficia a estudiantes que pertenecerán a los sectores de mayores ingresos, y genera incentivos a la informalidad. Se trata, por tanto, de una política que urge corregir.

El Gobierno busca ahora profundizar ese error con el Fondo de Educación Superior (FES), una iniciativa aún más perjudicial. Esta abarcaría al 90% de los estudiantes y a casi todas las instituciones, salvo aquellas que no se adscriban, arriesgando convertirse en centros elitistas accesibles solo al 10% con mayores ingresos. Si bien el Crédito con Aval del Estado (CAE) tiene problemas, estos derivan en parte de anuncios irresponsables de condonación. Aunque este préstamo es contingente al ingreso y con tasa subsidiada, su bajo porcentaje de pago genera un elevado costo fiscal. Pero la solución no es estatizar de facto la educación superior, como lo haría el FES, sino mejorar la política de cobranza.

El FES implicaría control estatal de aranceles, matrículas, vacantes y nuevas carreras, además de una creciente influencia sobre las políticas institucionales, dado que casi todo el financiamiento vendría del Estado. Esto restringiría la libertad y los recursos del sistema. A ello se suma un diseño de financiamiento regresivo: un impuesto del 8% al ingreso por 20 años que desincentiva su uso entre quienes proyectan buenos ingresos, agravando el problema fiscal frente a una buena gestión del CAE.

Un sistema justo de financiamiento debiera contemplar becas para quienes carecen de recursos y sigan carreras de alta rentabilidad social; créditos contingentes al ingreso para quienes tienen el talento pero no los medios; y autofinanciamiento para quienes cuentan con ambos. Si en 2016 se hubiese reformado el CAE en lugar de instaurar la gratuidad, hoy contaríamos con mejores resultados y más recursos fiscales para financiar la prioridad: la educación temprana.

Soledad Arellano
Vicerrectora académica e investigación
Universidad Adolfo Ibáñez

Cecilia Cifuentes
Profesora e Investigadora ESE Business School
Universidad de los Andes