Señor Director:

El Decreto Ley 321 establece la libertad condicional para personas condenadas a penas privativas de libertad. Este beneficio es un medio de prueba que recibe quien demuestra avances en su proceso de reinserción social, los que son: haber cumplido la mitad de la condena, haber observado conducta intachable, contar con un informe psicosocial que alerte sobre los factores de riesgo para no volver a delinquir.

Es el caso de un usuario nuestro que lleva 11 meses bajo el alero de Fundación Paternitas. Durante este lapso se ha destacado por cumplir a la perfección todos los requisitos y normativas emanadas por Gendarmería para mantener su salida controlada en el medio libre.

El acceso a la libertad condicional es mediante un informe elaborado por el Área Técnica de Gendarmería de Chile (aquello, con el fin de conocer sus reales posibilidades de no reincidir). A las puertas de ser favorecido con la Ley 321, es sine qua non haber progresado en una dirección que haya mostrado un notable cambio.

Aunque sabemos que la libertad condicional es un beneficio, y estoy convencido de que el informe del Área Técnica fue positivo, me cuestiono cuáles son los miedos que inhiben a la Comisión Resolutoria de la Corte de Apelaciones de Santiago para solo conceder tres libertades condicionales de 285 postulantes.

Como ciudadanos, exigimos, conforme a la Ley de Transparencia, que la autoridad competente nos dé a conocer las razones del rechazo a la condicional de Andrés Briones Puebla.

Nos parece irrisorio que de los tres beneficiados, todos estaban con prisión efectiva. Briones Puebla, en cambio, con su proceso impecable y bajo nuestra supervisión, quedó descalificado. ¿Cuántos otros casos ocultos, de esta misma naturaleza, desconocemos?

Ameritaría una persecución penal y con sus debidas consecuencias, sea por omisión o acción criminal, para aquellos empleados públicos que ejecutan su trabajo con desdén y encadenados para ejercer su sagrada libertad.

Pbro. Nicolás Vial Saavedra
Presidente Fundación Paternitas