La reforma a la institucionalidad estatal que apoyaba a los niños y adolescentes que quedaban, por distintas razones, desprotegidos y sin un entorno adecuado para desarrollarse tomó mucho tiempo. Hubo especial atención para asegurar que sus derechos no se vulneraran. La historia de Ignacia, una adolescente adicta a drogas y psicotrópicos, revelada por Sábado de “El Mercurio”, da cuenta de que la implementación de las nuevas instituciones ha estado lejos de hacer cumplir ese propósito. En agosto de 2022, próxima a cumplir 16 años, la joven sufrió una intoxicación. Un tribunal ordenó su ingreso a programas ambulatorios, pero estos pronto se percataron de que ella requería ser acogida por un centro que posibilitara una atención más profunda y permanente. Era importante que esto ocurriese antes de cumplir la mayoría de edad. De lo contrario, sería egresada del sistema de protección. Desde entonces, en un proceso kafkiano, la protección de sus derechos nunca estuvo garantizada.

Como ocurre en la gran mayoría de los casos, esa intoxicación no fue inesperada. Ignacia había tenido, a los diez años, su primer contacto con los tribunales familiares. Había nacido en un hogar con padres adictos. Consumían regularmente pasta base, cocaína y alcohol. Las falencias del antiguo sistema quedaron en evidencia en este caso. Sin embargo, sorprende que la nueva institucionalidad tampoco haya mostrado capacidad de reaccionar apropiadamente. En efecto, a pesar de múltiples peticiones, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) nunca se involucró en el caso, incluso dejando sin responder consultas y demandas por una mejor atención para Ignacia. En algún momento, gracias a la gestión de su colegio, la adolescente entró voluntariamente a un Centro de Rehabilitación, registrando importantes avances, pero fue retirada por su madre. Los tribunales solicitaron su ingreso a un programa de intervención especializada, pero menos intenso. En ese contexto, ella recayó, ingiriendo risperidona y fluoxetina con su madre. Ignacia, igual que los especialistas, estaba convencida de que la solución apropiada era internarse, pero no recibió respuesta de los organismos públicos. Los recursos de protección para que el Estado se hiciera cargo llegaron tarde. Finalmente, Ignacia cumplió los 18 años.

Es indudable que el Estado no puede hacerse cargo de todas las situaciones imaginables y debe priorizar. Con todo, es tan evidente que este era un caso de vulneración de derechos de una niña, y luego una adolescente, que cuesta entender la pasividad de Mejor Niñez. Preguntados en el reportaje, sostienen carecer de competencias para prestar servicios de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, la Ley 21.302 es clara en establecer que el objeto del Servicio es “garantizar la protección especializada de niñas, niños y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones”. No hay atajos. Las drogas son evidentemente un flagelo que vulnera gravemente los derechos de niños y adolescentes. Por supuesto, no se le pide al organismo ser especialista en esta temática, pero sí velar por la protección especializada. De hecho, la ley lo mandata coordinarse permanentemente y de forma intersectorial con otros organismos, incluidos los de la administración del Estado competentes. Por eso, entre otras razones, se le alojó en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero nada de ello ocurrió acá. Más bien, se dejan entrever los comportamientos estancos que caracterizan al Estado. Así, ha quedado otra vez en evidencia la incapacidad de este para coordinar efectivamente las distintas agencias y lograr uno de los objetivos básicos que lo justifican: la protección de las libertades y derechos de quienes habitan el territorio. Las políticas públicas fallan por distintas razones, pero entre las principales se encuentra una inadecuada implementación, que impide satisfacer los objetivos con que se crearon. Es de esperar que no sea este el caso, pero los débiles argumentos esgrimidos para justificar el poco involucramiento de Mejor Niñez sugieren lo contrario.