Señor Director:

El viernes 2 de mayo comenzó a regir la conocida restricción vehicular en Santiago, política de regulación al uso del automóvil que rige desde hace décadas, pero cuyo impacto hoy afecta apenas a cerca de un 6% de los vehículos del parque automotor de Santiago. Además, los vehículos afectos, por antigüedad y costo, presumiblemente son propiedad de personas de menores ingresos, quienes difícilmente los utilicen a diario para efectuar sus viajes. No obstante, se despliegan cuadrillas de carabineros para su fiscalización.

Otras medidas de transporte, de dudosa efectividad y que también requieren de contingente fiscalizador, han sido, entre otras, le exigencia de los chalecos reflectantes amarillos y el uso de sillas para niños de hasta 12 años. A lo anterior se sumará, a partir del 15 de mayo próximo, la fiscalización asociada a la ley que exige el grabado de la patente vehicular en los espejos de los vehículos.

Es absurda la cantidad de exigencias normativas, especialmente en el ámbito del transporte, con dudoso beneficio social, pero que consumen importantes recursos públicos para su fiscalización.

Me parece mucho más sensato priorizar los escasos recursos públicos en fiscalizar aquellas áreas más prioritarias del transporte, como por ejemplo la evasión en los buses, o el comercio ambulante ilegal, por nombrar solo algunas.

El camino de optar por lo fácil y mediático es parte de los cambios que debemos impulsar para avanzar de manera más efectiva en corregir los problemas más relevantes en nuestras ciudades.

Louis de Grange C.
Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias, UDP