Permanentes quejas de diversos investigadores nacionales, algunas de las cuales han sido enviadas como cartas al director de este diario, revelan las complejidades que estos enfrentan al momento de rendir cuenta por los dineros recibidos para sus proyectos de investigación desde la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo), así como los atrasos que se producen en la entrega de recursos ya asignados en concursos públicos. Todo ello interfiere con la continuidad de sus trabajos y distrae valioso tiempo. Lo que reportan estos investigadores es que todo el proceso se ha ido transformando en una maraña burocrática, preocupada mucho más de las formas que del contenido y los resultados de la investigación realizada, lo que requiere destinarle mucho tiempo y atención, alejándolos del objeto de su trabajo. Más aun, muchos de ellos deben contratar personas que se especialicen en destrabar procesos estancados y en aclarar observaciones de diversa índole, lo que constituye un pésimo uso de los recursos y, de ser aceptado por el ente fiscalizador, un reconocimiento del problema.

Lo anterior contrasta con el proceso concursal mediante el cual se asignan recursos a los distintos proyectos que postulan a fondos de investigación. Estos concursos son abiertos y los proyectos son evaluados de manera independiente por jurados competentes —la independencia nunca es tal vez completa, porque la comunidad científica no es tan grande como para lograrlo del todo—, por lo que los problemas de captura de los que este tipo de procesos pueden ser víctimas han sido, en general, bien resueltos. Por esa razón, la asignación de fondos se hace con criterios competitivos, que tienen que ver con la importancia de la investigación en cuestión, las metodologías propuestas y los equipos participantes, entre otros aspectos relevantes. Los problemas a los que aluden los investigadores se producen durante el uso de dichos fondos.

Es razonable que la institucionalidad se asegure de que los recursos públicos asignados a la investigación sean bien utilizados, pero cuando ese propósito es entregado a procedimientos formales —entrega de facturas en original y no en duplicado, u otros detalles menores, como el ítem al cual se asigna el gasto, y una multitud de otros de esa índole—, el fiscalizador puede fácilmente encontrar algún detalle que no quedó perfectamente anotado o rendido con estricto apego a lo formal, y por esa vía paraliza todo el proceso hasta que este se corrija. A veces ello dura meses, durante los cuales el investigador en cuestión está “observado”, y debe destinar tiempo y energía a resolver el problema específico, que en la gran mayoría de los casos es de carácter menor, lo que provoca tanto frustración anímica como desatención a la materia de su investigación.

Parece a todas luces necesario que las autoridades de ANID revisen sus procedimientos, y que además lo hagan en coordinación con la Contraloría General de la República, pues muchas veces es esta última la que induce en los fiscalizadores ese celo formalista mal concebido que da origen a los problemas. El objetivo debería ser simplificar el proceso y destrabar con más facilidad las objeciones menores que se encuentren, pero también tener el máximo rigor en las verdaderamente inquietantes.

La investigación científica es una actividad cada vez más importante en las sociedades modernas, no solo por lo que aporta como nuevo conocimiento, sino también por su impacto en el desarrollo económico. El Estado debería ser el más interesado en impedir que procesos burocráticos mal diseñados y aplicados sin los criterios apropiados la afecten.