La situación de la ocupación en Chile es compleja, pero las autoridades no parecen estar muy preocupadas. Frente a las aprensiones de distintos expertos, suelen responder con un análisis muy parcial. Por ejemplo, el nuevo ministro del Trabajo argumenta que en los últimos años ha aumentado la proporción de personas de entre 15 y 24 años y de mayores de 65 años que han salido de la fuerza de trabajo. Los primeros, porque ha aumentado la tasa que estudia, y los últimos, porque la PGU los habría liberado de la necesidad apremiante de trabajar. Pero esos grupos son una proporción pequeña de la fuerza de trabajo y sus decisiones tienen un impacto menor en el conjunto. La elevada tasa de desocupación del país (8,7%) está presente en todos los grupos demográficos y todos tienen una tasa de ocupación más baja que las observadas en la OCDE. Si nos acercáramos a estas, aun sin considerar a los grupos mencionados, del orden de 750 mil personas más podrían estar empleadas en Chile. Que ello no sea un objetivo de primer orden es impresentable.

De hecho, si se analiza el grupo de 25 a 59 años —el con más apego a la fuerza de trabajo— se puede ver que las tasas de empleo son aproximadamente las mismas ahora que antes de la pandemia. En el mismo período, la OCDE las ha aumentado en dos puntos porcentuales, ampliando la brecha con nuestro país. El poco dinamismo tiene que ver, entre otros aspectos, con que la tasa de ocupación de las personas con educación media completa entre 25 y 59 años es actualmente 2,6 puntos porcentuales menor que en la etapa previa a la pandemia; entre aquellos con educación media incompleta o menos, esa caída llega a 3,3 puntos porcentuales. Y en todos los grupos —y con más fuerza en los jóvenes— ha aumentado la desocupación.

Las reformas de la jornada laboral, el aumento de las cotizaciones y el alza del salario mínimo pueden estar a la base de esta realidad. En particular, el impacto de esta última variable debe ser evaluado con atención. El reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno con la CUT aspira a subir en un 5,6% nominal dicho salario entre este abril y el próximo enero. Con ello, se le habrá aumentado en aproximadamente un 25% real desde abril de 2022. En un escenario de baja expansión económica y crecimiento acotado de los salarios reales, es difícil pensar que estos aumentos no tengan un efecto. Más aún, según la OCDE, el salario mínimo en Chile alcanzaría el 71% de la mediana salarial del país, mientras que para el promedio de esa organización este guarismo es un 55 por ciento. No se puede descartar, entonces, que la causa de las pocas oportunidades laborales para distintos grupos de la población esté relacionada con esta situación. Así, no es evidente que el acuerdo logrado sea positivo para los trabajadores que necesitan encontrar un empleo. Ha llegado la hora de analizar con más cuidado, como hacen otros países, el efecto que está teniendo el salario mínimo sobre el empleo y no legislar careciendo de antecedentes más precisos.