El hecho de que el Sistema Evaluación de Impacto Ambiental haya acumulado proyectos en trámite cuya inversión suma casi US$ 100 mil millones, vuelve a poner el foco de atención en la eficiencia y los criterios con que opera esa institucionalidad; en la maraña de permisos necesarios de cursar para poder sacar adelante iniciativas de inversión, y en la disposición de los funcionarios para abordar los requerimientos de los agentes.

La buena noticia de que haya tantos proyectos —658 al primer semestre de este año— y por un monto tan alto, se ve rápidamente amagada por la lenta velocidad con que estos se tramitan —un 4% del monto total por trimestre—, a pesar de la mejoría de aprobación en los primeros tres meses de 2025. Más aún, hay proyectos como la emblemática mina de hierro Dominga, que lleva 12 años de tramitación sin que haya visos de que ese proceso termine.

El Gobierno tiene en trámite un proyecto de ley que, según la autoridad, modernizará el proceso de evaluaciones ambientales, pero no lo incluyó entre sus recientemente anunciadas prioridades y existen, además, dudas respecto de su eficacia. Esto no solo por lo discutible de algunos de sus contenidos, sino además porque, según lo han planteado distintos expertos en el tema y personas ligadas a este ámbito, el problema más serio está en los criterios con que los funcionarios encargados de la evaluación se plantean frente a los proyectos, y en el hecho de que, en cualquier momento de la tramitación, esta se pueda judicializar por quien considere que hubo alguna formalidad incumplida o algún antecedente insuficientemente ponderado.

Esto último hace urgente que en el proyecto de ley en trámite se establezca una primera instancia, acotada en el tiempo, en la que si el proyecto satisface los requerimientos generales establecidos en la ley y supera las objeciones que plantee la ciudadanía u organizaciones que se oponen, no se pueda volver a judicializar. Así, el proceso restante solo consistiría en determinar rigurosamente las mitigaciones necesarias de introducir, las que se incorporarían a la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental. Pero también es necesario que se modifiquen los criterios con que actúan muchos funcionarios de las distintas reparticiones involucradas, cuyo mal concebido celo respecto del más mínimo impacto ambiental —finalmente inherente a toda actividad humana— suele relegar a un último lugar de consideración el valor social que ciertos proyectos tienen. La frecuencia con que estos casos ocurren y se reportan en los medios llevó a un lector de este diario a preguntarse si el problema era de “permisología” o “permisofobia”. Es una duda pertinente.