Nuevamente, el funeral de un narcotraficante ha estremecido al país, que lo vio transmitido en directo por la televisión. Las clases de los colegios vecinos al hogar de la persona asesinada en Quilicura se suspendieron; los locales comerciales en el trayecto del cortejo fúnebre se cerraron; los atemorizados trabajadores de estos se escondieron; una autopista se cerró por largos minutos para permitir el paso sin inconvenientes a los familiares del difunto, y la policía proporcionó la escolta para protegerlos. Las cifras que han trascendido señalan que alrededor de 100 carabineros estuvieron destinados a esta actividad. Se aseguró, también, que tanto Carabineros como Investigaciones se preparan para hacer frente a las represalias que con toda probabilidad planifican los cercanos al fallecido contra la banda criminal que lo asesinó. Todo el episodio tiene lugar a solo pocos meses de que la víctima abandonara la cárcel donde estuvo recluida por delitos de narcotráfico. Poco después de su liberación se produjo el secuestro de una madre y su hija, aparentemente vinculadas a una banda rival. El hijo del occiso, un cantante urbano que está en el extranjero, no pudo asistir al funeral debido a que sobre él pesaría una orden de detención vinculada a dicho secuestro. Por cierto, se especula que personas cercanas a quienes sufrieron ese plagio son los responsables del homicidio.

La narcocultura se va así instalando en el país. Con ella, en último término, se busca darles mayor legitimidad y prestigio a quienes explotan el narcotráfico, siguiendo costumbres que ya se han impuesto en algunos estados mexicanos. Tan abierto e inquietante es el fenómeno que, aunque el país se muestra sin la fuerza para impedir el narcotráfico, se ha promulgado ya la ley 21.717, que regula la realización de funerales en que existan altos riesgos para la seguridad y el orden público. Pero su entrada en vigencia está diferida para fines de este mes y, por tanto, no resultaba aplicable en este caso. El crimen fue perpetrado a plena luz del día, en una plaza donde se encontraba mucha gente viendo un partido de fútbol del equipo favorito del grupo, el Club Deportivo de la Universidad de Chile, y de inmediato Carabineros captó el peligro que representaría el funeral, disponiendo las controvertidas medidas de protección.

Para completar el desorden que envuelve esta clase de disputas entre bandas, no puede ignorarse la acción de quienes acompañaban al asesinado a mirar el fútbol, pues indignados por su muerte procedieron a descargar su ira contra el centro de salud donde se le dio atención médica. También este debió cerrar, aunque por necesidad de hacer reparaciones. Y es que todo lo que rodea esta actividad es repudiable y debiera producirse una reacción social en contra de ella.

Mientras, pese al avance del tráfico de estupefacientes, las autoridades siguen combatiendo lo que son síntomas del problema, pero no existe una política destinada a impedir que se instalen mafias dedicadas a ese negocio ilegal. Más bien, pareciera que se está produciendo un avance significativo de esas bandas, lo que nos lleva a parecernos cada vez más a los países que han sufrido con mayor intensidad por el narcotráfico y la violencia que lo acompaña. Con un Ministerio de Seguridad Pública recién creado, el país espera actuaciones más decididas.