En los últimos dos meses, el Gobierno ha hecho todo lo posible por aprobar a máxima velocidad uno de sus proyectos más emblemáticos: la condonación del CAE y el establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento: el Fondo de Educación Superior (FES).

Las consecuencias de aprobar esta ley con injustificado apuro pueden ser dramáticas para el sistema universitario chileno. El impacto negativo que producirá el FES será de cientos de millones de dólares al año para el sistema, que el Estado no está ni lejanamente en condiciones de reponer. Diversos rectores hemos advertido que este sistema destruirá aquello que se pretende proteger: una educación superior diversa, de calidad y libre.

Más allá de establecer un 8% de impuesto adicional para los futuros egresados, que elevará al 34% su descuento mensual por planilla considerando previsión y salud, el proyecto prohíbe cualquier tipo de copago para el 90% de los estudiantes y obliga a las universidades a aceptar aranceles regulados por el Estado, que están por debajo del costo real de las carreras, como lo experimentan hoy las universidades adscritas a la gratuidad. Además, centraliza la administración del sistema en organismos estatales.

Las universidades que quieran recibir estudiantes con FES deberán renunciar a una parte sustantiva de su autonomía financiera. El Estado fijará los aranceles y también las vacantes. En la práctica, para abrir nuevas carreras habrá que conseguir autorizaciones cuya discusión terminará en el Ministerio de Hacienda, que deberá decidir si provee más recursos a determinadas universidades o a otras necesidades acuciantes de nuestra economía.

Un problema serio que tiene Chile hoy es la productividad y las universidades pueden jugar un rol relevante en solucionarlo. Para eso se requiere capacidad de innovar y ese proceso es caro. Al quitar recursos al sistema universitario, nuestros profesionales estarán peor preparados para el futuro.

Sin embargo, lo más grave es que esta iniciativa tendrá el efecto de un misil bajo la línea de flotación de la clase media. Lo anterior, porque los que están en el decil 10 —los de más altos ingresos— podrán pagar sus aranceles mientras estudian. Los que están bajo el decil 6 tendrán gratuidad a su disposición y no pagarán nada. Los que califican como deciles 7, 8 o 9, que son precisamente las familias de nuestra clase media, estarán condenados al pago de un elevado impuesto durante sus primeros 20 años como profesionales.

En Chile, muchas universidades equilibran con dificultad sus balances y dependen de los aranceles para financiar sus operaciones, por lo que esta ley les traería problemas estructurales. Carreras como Medicina, Odontología e Ingeniería, que requieren equipamiento costoso, laboratorios y profesores altamente calificados, podrían volverse financieramente inviables si el Estado no reconoce su costo real. La consecuencia no será solo una pérdida de calidad, sino una homogenización del sistema, en el que las universidades tenderán a ofrecer solo aquellas carreras que les permita el presupuesto estatal, recortando la diversidad académica y limitando la innovación.

Esto será especialmente grave para las universidades privadas, ya que no reciben aportes basales del Estado y verán amenazados sus proyectos académicos. Análogamente a lo que está haciendo el gobierno en Estados Unidos, aquí los más afectados serán los proyectos privados con una línea diferente al gobierno de turno.

Por ello, rectores de universidades chilenas, tanto públicas como privadas, se han manifestado críticamente respecto del FES. Han señalado que la gratuidad, tal como está operando, ya ha afectado negativamente el financiamiento institucional. El arancel regulado no cubre los costos reales de formación y las restricciones al copago impiden compensar ese déficit. Muchas instituciones enfrentan serias dificultades para mantener sus estándares de calidad, financiar su innovación —muy necesaria, pero cara—, invertir en infraestructura o financiar la investigación. La precarización se ha instalado de manera silenciosa, y el FES, en lugar de corregir el problema, lo profundizará.

La experiencia internacional muestra que los sistemas universitarios más robustos y prestigiosos combinan fondos públicos con aportes privados, copagos progresivos, filantropía, patentes, convenios con empresas y libertad para generar recursos propios. Esa diversidad es lo que da estabilidad, resiliencia y autonomía a las universidades. Reemplazar todo eso por un solo gran fondo estatal sería un error que puede costarnos muy caro.

Federico Valdés
Rector de la Universidad del Desarrollo