Señor Director:

En la edición de ayer dos académicos de la Universidad Alberto Hurtado cuestionan que el FES sea un impuesto, porque sería “voluntaria la decisión de acceder a ese financiamiento”.

Es un error. Si el pago excede la prestación recibida, es un impuesto. Y si no hay escape y la alternativa es quedar fuera de los estudios superiores, deja de ser “voluntaria” la decisión y se transforma en un pie forzado. Por lo mismo, injusto. Porque quienes accederían al FES no son los ricos, sino quienes pertenecen a familias de ingresos medios (entre $600 mil y $1 millón).

Si al egreso mejoran sus remuneraciones respecto de las de sus padres y se los grava durante 20 años a elevadas tasas con un impuesto al patrimonio, no solo al ingreso laboral, se lesiona una palanca de movilidad social como ha sido la educación superior. Asimismo, si estos jóvenes son el recambio de la fuerza laboral más calificada, además de injusto, el FES se transforma en un impuesto al capital humano que dañaría la productividad.

Por eso Nicholas Barr, referente mundial sobre la materia, declaró en su paso por Chile que “la propuesta de un impuesto a los graduados es una idea terrible”.

Por último, el FES tiene otro componente que es el fin del copago, complemento esencial del financiamiento de las instituciones. Esto amenaza de manera radical las fuentes de recursos privados y, por ende, la autonomía y la calidad: alrededor del 90% provendría del Estado y, como la situación fiscal será por largo tiempo deficitaria, fatalmente frenará el desarrollo de la educación superior chilena.

Carlos Williamson
Clapes UC