Gradualmente, el nuevo rector de la Universidad Católica —como se desprende en reciente entrevista con “El Mercurio”— comienza a tomar posturas en asuntos de interés público que afectan a su casa de estudios y, también, a todo el país. El devenir de este no puede ser indiferente para las autoridades de los planteles de educación superior, más aún en un contexto en el que la mayoría de las instituciones sufren una crisis de confianza. En ese escenario, la credibilidad de que gozan las universidades las compromete a aportar cada vez más. Es una ecuación difícil, porque al mismo tiempo están presionadas para seguir elevando sus niveles de investigación e innovación, así como también reinventando la formación de pregrado. Esta última arriesga quedarse anclada en una visión poco moderna, que no se hace cargo de los enormes cambios culturales, sociales y tecnológicos que están transformando las realidades en las que se desenvuelven personas y organizaciones.

El rector De la Llera parece estar consciente de estos desafíos y, si bien es muy pronto para que su proyecto universitario se despliegue en plenitud, los plazos no son extensos, precisamente por el vértigo que vivimos. Está consciente de que el país enfrenta un conjunto de problemas y que faltan ideas para ir resolviéndolos. Se vislumbra así en sus palabras un ánimo de aportar las capacidades de la universidad para ese objetivo. El desafío es equilibrar esto con las funciones esenciales de una casa de estudios. De hecho, él mismo deja en claro que la principal contribución de la UC a Chile son sus egresados. Con todo, también hay tareas pendientes ahí. Por ejemplo, el número de médicos que forma no parece condecirse, pese a los esfuerzos realizados, con el aporte que la institución quiere hacer a la sociedad.

Pero, además, Chile requiere de sus universidades para enfrentar algunos de sus problemas más acuciantes. Y, en este sentido, sería beneficioso que ellas cumplieran una función mediadora, que permitiera “masticar” ideas y preparar soluciones que luego puedan ser deliberadas por el sistema político y transformadas en políticas públicas o proyectos de ley. Se cuestiona mucho al mundo político, pero sin esos procesos es difícil que pueda realizar sus tareas apropiadamente. Y en ausencia de una red extendida de centros de estudio (existen algunos de calidad, pero son pocos y pequeños), las universidades no pueden restarse de contribuir.

Interesantes son también los juicios que esboza preliminarmente sobre las políticas de financiamiento para la educación superior. Ellas pueden afectar enormemente el desarrollo de las universidades, pero también impactar en la equidad del país. Por eso, es valioso su llamado a reflexionar respecto de si en un país con tantas necesidades apremiantes es razonable entregar gratuidad a un joven que, una vez egresado, estará en condiciones de retribuir al menos parte del esfuerzo que la sociedad ha hecho para financiar sus estudios. Además, manifiesta aprensiones por los comportamientos oportunistas que estas políticas generan. En efecto, al ser de todo o nada (si la persona está en el percentil 60 de la distribución de ingresos recibe todo el beneficio; en cambio, si está en el 61 este se reduce a cero) esa posibilidad siempre está presente. Muchas autoridades universitarias tienen una postura similar, pero renuncian a expresarlo públicamente. La sinceridad, entonces, es bienvenida.

Respecto del nuevo modelo de financiamiento que impulsa el Gobierno —el que reemplazaría al actual Crédito con Aval del Estado, pero que, a diferencia de este, impide un copago de las familias, salvo para el décimo decil—, le preocupa al rector el desfinanciamiento que puede significar para varias universidades y que por esta vía se dañen iniciativas valiosas. Ello, por cierto, sin desconocer ni el legítimo derecho del Estado de exigirles a las universidades calidad y resultados por los recursos que invierte en la formación de los estudiantes, ni la existencia de programas que no están creando valor para sus egresados. Esto, además, es compatible, en su opinión, con las innovaciones que debe estar desarrollando una universidad, donde la destrucción creativa debe llevar no solo a la creación de nuevas iniciativas, sino también al cierre de las que no están aportando valor.