La creación del Ministerio de Seguridad y el nombramiento de su titular, sumados al hecho de que este tema es hoy la principal preocupación ciudadana, han provocado lo que parece un nuevo balance de poder en el gabinete. En efecto, las actuaciones cotidianas del recién nombrado ministro de esta cartera, Luis Cordero, generadas por la permanente sucesión de hechos delictuales que alarman a la población, le dan gran visibilidad medial a su gestión, pero, además, como su actuación requiere de las fuerzas policiales y de investigación para realizarla, eso les otorga un peso particular a sus decisiones y también a sus pronunciamientos, transformándose en un ministro especialmente preponderante, cuya opinión ha pasado a ser requerida para todo tipo de materias: desde la seguridad en los estadios hasta los narcofunerales, pero también las interceptaciones telefónicas a autoridades o, incluso, las controversias con la candidata presidencial de la oposición.

El efecto inmediato de aquello ha sido una notoria pérdida de protagonismo del ministro del Interior, quien históricamente había estado a cargo de la seguridad, hasta la creación de la nueva cartera. Aunque la reforma explicitó sus tareas como coordinador político del gabinete y encargado de la articulación intersectorial, al punto de que en un momento se pensó que podría constituirse incluso en una suerte de primer ministro de facto, lo que se ha visto ha sido más bien un desdibujamiento de su rol. Y es que, como advirtieron en su momento analistas, si la cartera de Interior ocupó siempre un lugar preeminente en el Gobierno, ello se sustentó de modo significativo en el hecho de tener bajo su cargo el orden público y las policías, tareas ahora traspasadas a Seguridad. Esto, aun cuando sí quedan en sus manos algunas áreas críticas, como migración, el desarrollo territorial —incluidos los cuantiosos recursos de la Subdere— y el manejo de emergencias y catástrofes.

A partir de lo anterior, surge la pregunta de cómo se reconfigurarán los polos de poder al interior de este nuevo gabinete, considerando que opera bajo un régimen presidencial. Parte de la importancia futura del ministro de Seguridad va a depender de la evolución que tenga esta temática en el país. Como las dificultades para bajar el nivel de delincuencia y criminalidad probablemente persistirán por un período largo, es posible que mantenga una importante visibilidad pública; en cualquier caso, el hecho de tener bajo su dependencia a las policías constituye un factor permanente de poder real. Ello, si bien la mal resuelta convivencia entre el delegado presidencial y los seremis de Seguridad abre interrogantes respecto de lo que ocurrirá en el nivel territorial. En el área económica, en tanto, nada parece amenazar el protagonismo del Ministerio de Hacienda, más aún en la deteriorada situación fiscal actual. En los hechos, la Dirección de Presupuestos —dependiente de Hacienda— cuenta con herramientas de poder respecto de las demás carteras mucho más eficaces que las que hoy pueda manejar Interior, por más que se le haya dado a este último la referida función articuladora.

En este nuevo escenario vuelve a plantearse también la duda respecto de la ubicación de los ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. En un diseño orientado a la eficacia de la labor presidencial, tal vez tendría más sentido que ambos formaran parte de la oficina del Presidente, como vocero el primero y como efectivo jefe de gabinete el segundo, más que continuar bajo la pesada orgánica de un ministerio y sus múltiples seremías.

Con todo, la mayor relevancia de la cartera de Seguridad y el aparente retroceso de Interior no cambian el hecho de que solucionar los problemas del país creando nuevos ministerios es una mala idea, pues la profusión de ellos solo disminuye la influencia de cada uno y aumenta, en cambio, las dificultades de la Presidencia para coordinar con eficacia el conjunto.