A propósito de las negociaciones en el ámbito de los aranceles “recíprocos” aplicados a Chile por la administración Trump, Estados Unidos estaría solicitando —entre otras materias— la implementación de una institucionalidad que vele por aspectos de seguridad nacional, estratégicos y de competencia para la inversión extranjera en nuestro país.

Es evidente que una discusión de este tipo está contaminada por la disputa geopolítica y comercial entre Estados Unidos y China, y puede ser interpretada como una manera soterrada de limitar la inversión de la potencia asiática en Chile. Pero el alcance de este debate es anterior a la guerra comercial y son varias las naciones que han introducido en su ordenamiento instituciones de filtro a la inversión extranjera, de manera de fortalecer su política de atracción de esas inversiones, pero evitando debilitar su posición estratégica en cuestiones fundamentales. Es por ello por lo que la discusión de esta idea debe evaluarse en su propio mérito, y no como consecuencia de la insinuación o de las presiones que uno u otro país puedan ejercer.

Un caso de estudio interesante es el de Australia, que ha venido fortaleciendo una institucionalidad para la inversión extranjera, la que apunta a aceptar, condicionar o, eventualmente, prohibir ciertas inversiones provenientes de otros países, en la medida en que pongan en riesgo la seguridad nacional. Esta oficina —dependiente del Ministerio de Hacienda australiano— es apolítica y debe fundamentar sus conclusiones en criterios técnicos y no discriminatorios. Aunque resulta inevitable que surjan legítimas inquietudes respecto del funcionamiento de una entidad así —imposible es no recordar, por ejemplo, el uso abusivo de argumentos supuestamente estratégicos para imponer el proteccionismo en la economía nacional en las décadas de 1960 y previas—, es importante abrir un debate que pueda generar una institucionalidad de este tipo en la actualidad, especialmente considerando lo que fue la inexplicable derogación del DL 600, que de alguna forma abría la posibilidad de ese examen.

Las instituciones de libre competencia están llamadas a supervisar el funcionamiento de los mercados cuando se producen fallas que afectan el libre mercado, exigiendo correcciones en caso de ser necesarias. Pero hay varios mercados —como los regulados— en los que el foco de las instituciones de libre competencia puede ser insuficiente, y donde una visión más amplia puede proveer de argumentos técnicos y no arbitrarios respecto de la inversión extranjera, manteniendo al mismo tiempo al país abierto a ella, como ha sido la tradición en el Chile moderno.

A su vez, la manera de abordar las tensiones que parecen venir de las grandes potencias sobre terceros países, referidas al acceso a mercado y al tratamiento de las inversiones, requieren de instituciones reforzadas en materias sectoriales, que aseguren el cumplimiento de las leyes locales. En la medida en que existan temáticas que superen el ámbito sectorial, una institucionalidad a nivel macroeconómico puede fortalecer la posición de Chile en un escenario mundial tan turbulento y complejo como el que se va configurando.