Un nuevo atentado terrorista se produjo la madrugada del pasado domingo en Rucalhue, en la zona del alto Biobío, en la región del mismo nombre. Según se ha podido establecer, 12 hombres armados llegaron a las instalaciones de la filial china que construye una central hidroeléctrica de 90 megawatts y procedieron a amenazar y golpear a los vigilantes, para luego incendiar la flota de camiones y otras maquinarias. Es este el segundo atentado incendiario que se produce en el mismo mes en que comenzó a operar el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con un ministro dedicado únicamente a esas funciones. Se espera que la existencia de tan alto funcionario, unido a una nueva ley antiterrorista muestren alguna diferencia con lo que ha ocurrido en la macrozona sur en los últimos años.

El atentado ha sido el más grande registrado en esa zona si se considera la extensión de la destrucción material, pues una flota de cerca de 50 camiones quedó completamente inutilizada, lo que significa, junto a las otras maquinarias destrozadas, pérdidas por más de 7 millones de dólares para la empresa víctima. Pero además, implica un retraso en las obras y un golpe a toda una región que ha sufrido por los cambios tecnológicos que han obligado a cerrar varias empresas, incluyendo la reciente terminación de actividades de la siderúrgica Huachipato. Obligados a cambiar de rubro, los trabajadores han encontrado en estas centrales limpias nuevas fuentes alternativas de trabajo, aunque deben sobreponerse a la resistencia de parte de grupos ambientalistas. La macrozona sur, como es sabido, ha sido escenario de múltiples atentados que en cualquier otro lugar del mundo nadie habría dudado en calificar como terroristas. Pero aquí ha habido mucha reticencia de sectores políticos a calificarlos con ese término, pues existen grupos de izquierda que simpatizan con las reivindicaciones del pueblo mapuche y les atribuyen a ellos, sin pruebas, esta clase de acciones.

Falta investigar aún para determinar quiénes son los autores del reciente atentado, pero ha quedado más claro el ataque anterior registrado en Contulmo. En esa oportunidad, tras quemar cabañas y bodegas, dejaron un lienzo del movimiento Resistencia Mapuche Lafkenche, que es consistente con las actividades de ese grupo. El ministro Luis Cordero, en el nuevo cargo de la administración nacional, ha dicho que va a aplicar en ambos casos la nueva ley antiterrorista, por primera vez en este gobierno. Sea porque se trata de una ley modificada o por la gravedad de las circunstancias, es un paso positivo que de una vez se trate el terrorismo como tal, empleando los recursos legales con que cuenta el país. Ya son muchos años que acciones terroristas intimidan a toda la macrozona, con el consiguiente daño económico y sufrimiento de sus habitantes. Solo la prolongación del estado de excepción constitucional por casi tres años ha permitido reducir en parte la violencia, pero precisamente la extensión en el tiempo de una medida que se define como “excepcional” es la mejor demostración de la gravedad de lo que allí ocurre. Desde luego, varios empresarios y residentes han hecho abandono de la zona o se retraen de invertir allí debido al temor que infunden los grupos organizados como el que acaba de atentar en Rucalhue.

Pese a todos los obstáculos, una filial china de la gigante estatal de Las Tres Gargantas —que construyó la represa más grande del mundo sobre el río Yangtzé— se animó, en 2018, a comprar el proyecto hidroeléctrico sobre los ríos Biobío y Quilme, que ya llevaba cinco años de avance en los permisos. Después de haber construido diversos proyectos en más de 80 países, la empresa se sentía capaz de sacar adelante el proyecto Rucalhue, pese a la oposición de los ambientalistas. Pero posiblemente no contaba con la acción terrorista de grupos desconocidos que el Estado chileno tiene la obligación de desarticular. Para ello cuenta con un nuevo ministerio y una alta autoridad, responsable política de encontrar a los autores del atentado. De no lograrlo, sería fatal para las expectativas de los chilenos de que la seguridad pública ha encontrado un camino, con el agravante de que esta vez tendrá también consecuencias más allá de nuestras fronteras, pues es una empresa del Estado chino la afectada.