Señor Director:

Respecto de la nota sobre el impacto de los nuevos aranceles regulados en universidades privadas, es importante visibilizar que son los estudiantes que cursan educación superior técnico-profesional (TP) quienes están siendo los principales perjudicados, representando el 45% de la matrícula total de educación superior.

Más del 60% de los centros de formación técnica e institutos profesionales adscritos a gratuidad han sido clasificados erróneamente como “pequeños”, lo que implica un financiamiento muy por debajo de sus costos reales. Además, desde 2023, la implementación de la política de gratuidad ha llevado a que todo el sistema TP sufra una disminución de 11,5% de sus recursos, llevando a que instituciones de calidad han debido cerrar o están en riesgo de hacerlo.

Sin una corrección urgente al actual modelo de financiamiento, el país podría perder parte fundamental de su capacidad de formar técnicos y profesionales pertinentes a las necesidades de cada una de sus regiones. Si lo que Chile requiere es mayor movilidad social, crecimiento económico y descentralización productiva, todo ello en un contexto de cambio demográfico y tecnológico creciente, la respuesta está en la educación superior técnico-profesional.

Lucas Palacios Covarrubias
Rector Inacap