Señor Director:

Cuando la lucha por el poder no reconoce límites, los ciudadanos deben denunciar los atropellos a sus derechos fundamentales. En el Congreso se están tramitando mociones parlamentarias que buscan modificar la elección de los directorios en organizaciones de usuarios de agua, reemplazando el principio de “una acción, un voto”, por “un actor, un voto”, que es propio de la gestión de bienes públicos. Esto atenta en contra del derecho de propiedad, al desconocer que dichas organizaciones administran solo bienes privados: derechos de agua, infraestructura hidráulica y recursos financieros aportados proporcionalmente por sus miembros.

En el pasado reciente, el Ejecutivo y Legislativo ignoraron principios constitucionales básicos, al consagrar en el Código de Aguas que los nuevos derechos de aprovechamiento serán concesiones administrativas temporales, mientras mantiene la propiedad plena de los ya existentes, atentando en contra del principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas (Art. 19 Nºs 2 y 24). Esta discriminatoria distinción vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre para quienes sustentamos la agricultura del país.

Frente a estos excesos, urge innovar en los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Sería pertinente incorporar vías más expeditas de acceso a la justicia constitucional, como el Recurso de Amparo de España o el Recurso de Queja al TC de Alemania.

Las recientes señales de ecuanimidad e independencia del TC devuelven la confianza en su rol como contrapeso frente a los crecientes arrebatos autoritarios y populistas de algunos, que amenazan nuestra institucionalidad.

Patricio Crespo Ureta
Agricultor