¿Cuál es el punto de no retorno en una sociedad dominada por la violencia?

Una primera respuesta podría ser algo así como “cuando los ciudadanos deciden defender sus vidas y propiedades sin contar con el Estado”. Otra contestación a la interrogante podría formularse afirmando: “cuando diversas ideologías logran imponer que la violencia es el único camino para la liberación de los oprimidos”.

Sin duda, esas dos respuestas revelan que una sociedad se está acercando al momento de su definitiva disolución, pero hay una tercera sentencia, aún más grave: “Cuando las víctimas son acusadas y perseguidas como si fuesen los victimarios y, por el contrario, quienes practican la violencia son consagrados como víctimas”.

Si eso sucediera, si eso se normalizara, hasta ahí no más llegamos: se acabó todo. Sería la transformación más radical de los vínculos entre ciudadanos, sería la señal que haría imposible evitar la guerra de todos contra todos. No tenía la razón Hobbes, pero algo correcto intuyó.

En Chile hubo, hace décadas, un intento teórico por colocar en condición de victimarios a todos los “enemigos del pueblo”. Se habló con majadería de la “violencia institucionalizada”, la que describía a todos los no marxistas como violentos por definición y “al pueblo”, como víctima de la explotación. Esa mirada se reactivó de manera absolutamente dramática con el octubrismo: “La sociedad de los abusos”, se dijo, violentaba a millones de chilenos, sus víctimas. Más aún, cuando el aparato defensivo del Estado —su policía— reaccionó frente a la brutal violencia desatada, esos imprescindibles agentes del control social fueron acusados como violadores de los derechos humanos.

O sea, desde la teoría se insistió en que los violentos eran las víctimas, y los defensores del orden, los victimarios. Se estaba intentando instalar el verdadero punto de no retorno, para normalizar la violencia cada vez que se la usase en el futuro. Y al entrar en esas coordenadas, insistamos, una sociedad comienza su disolución final.

Por eso, el candidato a la presidencia que tenga las agallas para declarar tres cosas decisivas puede ser quien realmente logre frenar y revertir esta situación.

En primer lugar, deberá insistir en que la violencia comienza y se multiplica en todos aquellos ámbitos familiares, poblacionales y educacionales en que las formas tradicionales han sido destrozadas. Por eso, el candidato deberá plantear medidas para la recuperación de la familia, para la protección de las poblaciones y para la depuración de aquellos ambientes educacionales capturados por los activistas de la violencia entre los jóvenes.

A continuación, deberá denunciar cuáles son las personas e instituciones sociales que promueven o validan la violencia: terroristas, partidos, institutos públicos autónomos, ONGs, etc. Si la sociedad comienza a entender que esos son los auténticos victimarios —como instigadores o como autores— se habrá puesto un freno importante a la crisis.

Finalmente, deberá declarar que no es posible derrotar a la violencia sin la fuerza. Y aquí sí que estamos tocando el punto crucial, porque si se les deja en claro a los ciudadanos que no hay más opción que defender los derechos humanos de los inocentes sin dejarse amilanar por la retórica de los derechos humanos de los victimarios, ese candidato —ese Presidente, esperamos— habrá comenzado a revertir definitivamente el punto de no retorno.

Ninguno de los tres anuncios se basta por sí solo. A ninguno la ciudadanía le hará caso si no ve que en tres dimensiones —la antropológica, la política y la policial— el candidato presenta un plan completo, valiente y coherente.