Los incidentes del jueves que terminaron con dos muertos en las afueras del Estadio Monumental y luego con la suspensión del partido de Copa Libertadores por la entrada a la cancha de supuestos hinchas que encapuchados utilizaron enormes piedras y elementos cortantes para romper las barreras de protección, dan cuenta del grado de violencia y descontrol que ha crecido al alero del fútbol nacional. Más allá de las responsabilidades concretas que determine la justicia en este caso (incluyendo el actuar policial en esas difíciles circunstancias) y las sanciones que impongan los entes deportivos internacionales, lo cierto es que para haber llegado a este estado de deterioro de la convivencia —en que grupos de barras violentas actúan con total impunidad dentro y fuera de los estadios—, se ha requerido por bastante tiempo el actuar indolente de distintas autoridades y dirigentes.

A diferencia de lo ocurrido en otros países con mayor o menor desarrollo que el nuestro, que han logrado erradicar o disminuir considerablemente la violencia en los estadios, ninguno de los últimos gobiernos ha sido capaz de enfrentar con éxito este flagelo. Este fracaso da cuenta también de otra arista de la crisis de inseguridad que afecta al país. Hay además abundantes indicios de participación de elementos del narco en estas barras, y sus propias acciones públicas —como las amenazas o el lanzamiento ilegal de fuegos artificiales— tienen muchas veces connotación delictiva, sin que nada parezca contener su avance.

Por otro lado, la lenta y confusa reacción del Gobierno ante lo ocurrido esta semana es una muestra más de los problemas de gestión que se han visto en otros ámbitos. A las habituales lamentaciones y renuncias de funcionarios de mediana o baja jerarquía, se suma la tendencia a buscar la solución del problema en reformas legales, como si no fuera ante todo un asunto de liderazgo de las autoridades —que incluye el saber coordinar los distintos estamentos involucrados— lo que permita enfrentar a estos grupos violentos. Desde luego, es el Gobierno el que en último término tiene el poder de autorizar o no la realización de esta clase de espectáculos deportivos, y, por tanto, si considera que no están las garantías dadas, simplemente no debe permitir el evento. Ello le da una capacidad de presión innegable para lograr los compromisos y los cambios que desea en los clubes.

Si esta tarea de erradicar la violencia en el fútbol se hace con decisión y consistencia, solo cabe esperar el apoyo de la mayoría de la población que sufre sus consecuencias. Además, un éxito en esta materia podría transformarse en un símbolo, la primera señal que conduzca a la convicción de que la lucha contra la criminalidad organizada puede ganarse.

Octubrismo y barras bravas

No cabe olvidar, sin embargo, que al fortalecimiento de estas barras violentas contribuyeron quienes validaron y celebraron su comportamiento durante el estallido o quienes con sus declaraciones debilitaron la imagen de las instituciones policiales que las enfrentaban. Varios de ellos son hoy autoridades o forman parte de la coalición de gobierno. Así, por ejemplo, el entonces diputado del Frente Amplio Giorgio Jackson el 23 de octubre de ese año destacaba en las redes sociales cómo el ver unidos a los hinchas de la Garra Blanca y Los de Abajo era “una muestra de lo transversal que es la protesta”, acompañando a su comentario un video en que aparecían estos grupos junto a la imagen de Baquedano vandalizada. O las reacciones de los entonces diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo que ante el lamentable atropello de un hincha por un vehículo de Carabineros en enero de 2020, en momentos en que se producían incidentes, se apresuraron en calificar el hecho como un “asesinato”.

Así, el diputado Boric decía: “El asesinato de Jorge Mora nos desgarra a todos. Desgarra la violencia policial. Rozas debe ser removido ya y Carabineros sometido a una profunda reforma. Hemos hecho propuestas en ese sentido y seguiremos empujando. Le moleste a quien le moleste”. Este mismo hecho lo utilizaba el Partido Comunista para demandar: “Terminemos con las prácticas de la dictadura. Cambiemos la Constitución de Pinochet”. De más está decir que la investigación posterior de la Fiscalía descartó el dolo en el actuar policial y luego de formalizar al conductor por un cuasidelito de homicidio, terminó suspendiendo el procedimiento en su contra.

Tal vez esa admiración explique por qué el programa del Presidente Boric, al tratar de las políticas deportivas, fue especialmente escueto respecto del problema de la violencia en los estadios, limitándose a señalar que “cambiaremos el plan Estadio Seguro por un programa de barrismo social y comunitario”, sin explicar, por cierto, en qué consistiría aquello. O poner en Estadio Seguro a alguien que muy poco sabía de seguridad, pero que trabajaba en el equipo de prensa de un club de fútbol del cual es hincha el Presidente. Como en tantas otras materias, también en este ámbito las actuales autoridades tienen ahora un discurso muy distinto de aquel que propugnaban cuando eran oposición y buscaban llegar al poder.