Señor Director:

En marzo pasado, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley “Sernac Te Protege”. Aunque aún está en primer trámite, preocupa la forma en que se ha desarrollado la discusión.

El Ejecutivo busca reinstalar la facultad sancionatoria del Sernac, pese a que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en 2017, por afectar la separación de poderes y la imparcialidad del servicio. Los resguardos incluidos en esta nueva propuesta no resuelven ese problema de fondo.

Además, el proyecto busca incorporar cambios que amplían los derechos de los consumidores en distintos ámbitos, como permitir reclamos incluso cuando no se ha pagado por un producto o servicio; exigir que las normas siempre se interpreten de la manera más favorable para el consumidor, y establecer un plazo mínimo de 24 horas para liberar el dinero de créditos preaprobados. Estas medidas se topan con regulaciones ya existentes en otros sectores y apuntan a transformar al Sernac en un regulador omnipresente, debilitando la especialización normativa.

Lejos de corregir estos riesgos, la Cámara ha aprobado indicaciones que rozan lo absurdo. Por ejemplo, sorprende que se haya aprobado la exigencia de atención humana en los canales de posventa en menos de cinco minutos desde que esta sea solicitada, o la prohibición del cobro de estacionamientos en centros de salud, sin considerar los efectos en la disponibilidad de espacios o los tiempos que perderán los propios usuarios.

Aunque bien intencionadas, este tipo de regulaciones terminarán perjudicando a consumidores y empresas. Sobrecargar al Sernac con funciones que desdibujan el principio de especialidad y que lo hacen juez y parte, solo añade burocracia e ineficiencia. Proteger al consumidor es clave, pero requiere reglas claras, con sentido común y bien enfocadas.

Susana Jiménez
Presidenta de la CPC