Un alumno enfrenta la siguiente situación en el examen final de un curso de ingeniería y gestión: en un McDonald's, preparar una hamburguesa involucra dos tareas simultáneas: cocinar la hamburguesa, que demora un minuto, y tostar el pan, que toma 30 segundos. En esta situación ficticia, el alumno cuenta con mil dólares para invertir en mejoras tecnológicas que reduzcan el tiempo total de procesamiento. Al preguntársele cómo distribuiría el dinero, propone repartirlo equitativamente entre ambas tareas, argumentando que “así todo se hace más eficiente”. El alumno reprueba el examen. ¿Por qué?

Porque invertir recursos en reducir el tiempo de tostado del pan no tiene ningún beneficio en el tiempo total de procesamiento: esta tarea ya es más rápida que cocinar la hamburguesa y, por tanto, no limita el proceso. En cambio, cada segundo ganado en la cocción de la hamburguesa, que es la tarea más lenta, acelera el proceso. El error del alumno es no reconocer que la eficiencia se logra únicamente al intervenir en el paso más lento.

La misma premisa debe aplicarse para abordar la llamada “permisología”.

La aprobación de un proyecto de inversión, al igual que preparar una hamburguesa, es un proceso. Desde la idea inicial hasta el comienzo de las operaciones, los proyectos pasan por una serie de fases secuenciales (acceso al territorio; campañas para recolectar información ambiental; evaluación ambiental; preconstrucción; recepción de obras), cada una de las cuales requiere distintas autorizaciones de diversos órganos públicos que se procesan de manera simultánea. Las autorizaciones de mayor duración en cada fase determinan la duración total de dicha etapa, ya que sin ellas no es posible avanzar a la siguiente. Surge así la llamada “ruta crítica” de un proyecto.

En consecuencia, para reducir el plazo de tramitación total de un proyecto se debe disminuir los plazos de los permisos más extensos de cada una de las etapas que componen su ruta crítica, ya que son estos los que determinan la duración de cada fase.

En la práctica, se trata de aproximadamente 30 permisos —que corresponden a un subconjunto de los más de 300 que pueden requerir los proyectos de inversión—, entre los que se incluyen las concesiones marítimas y de uso oneroso, así como diversos permisos otorgados por Conaf, el Consejo de Monumentos Nacionales, la Dirección General de Aguas y Sernageomin. Son ellos, junto a la Resolución de Calificación Ambiental, los principales responsables de que proyectos relativamente simples requieran más de cinco años de tramitación, y que los más complejos superen con creces los diez años.

A modo de ejemplo, si en la fase de preconstrucción de un proyecto existen permisos que tardan dos años y otros que demoran 12 meses, los esfuerzos en reducir los plazos deben empezar por los primeros. Invertir recursos en agilizar los permisos más breves no acelera el proceso en su conjunto mientras no se reduzcan los tiempos de los más lentos.

A propósito del avance en el Senado del proyecto de ley de permisos inteligentes presentado por el Ministerio de Economía, es relevante tener presente que, si se quiere evitar cometer el mismo error que el alumno de la escuela de negocios, es fundamental priorizar aquellos permisos en la ruta crítica que son los responsables de los extensos plazos de tramitación.

En un contexto donde los recursos son limitados y la necesidad de avanzar en el tema es urgente, avances significativos en el corto plazo implican priorizar la intervención de aquellos permisos con mayor potencial de impacto en la disminución del plazo total de procesamiento de los proyectos. Es en ellos donde Chile se está jugando su competitividad. Y de no hacerlo, tal como el alumno, el país reprobará el examen de eficiencia del Estado.

Cristián Romero
Director jurídico, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad

Gabriel Weintraub
Profesor titular, Escuela de Negocios, Universidad de Stanford