Es difícil exagerar la importancia que reviste la decisión del Tribunal Constitucional conocida ayer. Para advertirlo es necesario identificar los factores que pudieron conducir al acto que produjo este —no vale la pena ocultarlo— bochornoso resultado para la familia Allende, esta herida inscrita en su memoria.

Durante los últimos años, y especialmente como consecuencia de lo que pudiera llamarse el sentido común de la izquierda generacional, se expandió la idea que basta contar con una ventaja moral, real o supuesta, para que todo lo demás sea prescindible o pueda ser relativizado. En este caso la ventaja moral parecía irredargüible y, en efecto, mirada a la distancia y enfrentada a otras figuras, lo era: la fisonomía histórica del Presidente Allende como símbolo de los ideales nobles de la izquierda y de la arquitectura institucional que, con su último acto, Allende quiso salvaguardar.

Haciendo pie en esa ventaja moral, se creyó que era posible saltarse las reglas, pasar por encima de los compromisos públicos e intergeneracionales que constan en la Constitución. Es casi una repetición (dan ganas de hablar de una compulsión de repetición) de lo que ha ocurrido en otros incidentes acaecidos estos años: la creencia que basta la fortaleza moral, real o supuesta, de las propias convicciones, para que todo lo demás deba ceder. Es imposible no ver en esa compraventa que ha significado la caída de la senadora Allende, un resultado de esa convicción adolescente que amenazó con anegar la política chilena y hacer naufragar en la memoria los logros del proyecto que emprendió la Concertación.

Esa creencia de que basta la superioridad de las propias convicciones para derrotar cualquier obstáculo, fue la que inspiró a octubre del 19, y su estela es lo que ocurrió con esa compraventa que acaba de destituir (porque no fue la decisión del Tribunal Constitucional, sino la compraventa la causa eficiente de su naufragio) a la senadora Allende. Esa compraventa fue un resultado inconsciente de la creencia en la superioridad de las propias convicciones sobre las reglas.

Desde este punto de vista, la decisión del Tribunal Constitucional representa un triunfo del derecho sobre la política, después de tanto tiempo, y de tantos intentos, de que fuera la política la que imperara sobre el derecho.

Pero hay todavía otros factores menos dignos que contribuyeron a que esto ocurriera. Y no es difícil identificarlos. Se trata de la ignorancia y la irresponsabilidad de muchos que desempeñan cargos en el Estado —una multitud de abogados que creen que las convicciones acerca de la justicia sustituyen el conocimiento del derecho— los que ignoraron reglas flagrantes y que, cuando la vergüenza quedó al descubierto, elaboraron explicaciones cantinflescas para eludir lo que era obvio.

Tampoco es correcto excusar a la senadora Allende o a la exministra Fernández, después de todo la primera fue legisladora durante tres décadas y juró innumerables veces respetar la Constitución y las leyes para, finalmente, y enfrente de un contrato en el que tenía interés directo, desconocerla de manera increíble e inexplicable. Se dirá que ignoraba el precepto y que los abogados que la asesoraron nada le advirtieron; pero se trata de una excusa inaceptable. Si a cualquier hijo de vecino no se le admite alegar ignorancia de la ley (y una vieja regla de derecho reiterada por Andrés Bello estableció que a quien esgrimía esa ignorancia debía presumírsele mala fe) menos podría excusarse a la senadora por desconocerla o alegar que la desconocía.

Estamos, pues, en presencia de un fallo que enmienda lo que fue hasta hace poco, y es de esperar que ya no, uno de los rasgos político-culturales que estaba dañando severamente la esfera pública: la creencia de que la voluntad y las propias convicciones acerca de la justicia, y no las reglas, son las que deben tener la última palabra.

Carlos Peña