Tras acusaciones de mal uso de fondos públicos en Pedro Aguirre Cerda, el Gobierno trasladó la promulgación de la reforma de pensiones a Peñalolén, conocida por su trayectoria de buenas administraciones. El acto —de carácter festivo— no pasó desapercibido y acaparó titulares, destacando en particular el baile y el rol protagónico de la ministra del Trabajo.

Muchos criticaron el tono y la supuesta “manipulación” del acto, tanto por la tensión política que provocó, como por el rol de la potencial precandidata presidencial. No comparto esas críticas. Es positivo para la democracia que quienes demostraron valentía para alcanzar un acuerdo —invirtiendo parte de su capital político— puedan cosechar los frutos de lo logrado. Tanto el ministro de Hacienda como la ministra del Trabajo tenían todo el derecho a celebrar este hito.

La reforma trae beneficios directos y visibles. A partir de enero de 2026, los hombres con 20 años de cotizaciones y las mujeres con 10 años verán un aumento en sus pensiones. Además, las mujeres que se jubilen recibirán un incremento por la compensación de sus tablas de mortalidad. Sin duda, son logros atractivos que cualquiera querría destacar. Más aún cuando el primero se financia con un aumento de la cotización para un nuevo “seguro” y el segundo con un préstamo inicial de los pensionados al fisco, un crédito anual de casi US$ 1.000 millones que no figura en la deuda pública. A esto se suma el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 para los mayores de 82 años desde septiembre de 2025, financiada con impuestos generales.

Este logro no le salió gratis a la ministra, y ahí radica su derecho a celebrar. Primero, al contrario de lo que se planteó originalmente en campaña, se mantuvo el sistema de capitalización individual, el cual fomenta el ahorro para las pensiones futuras, lo que resulta positivo para el país. En el mediano plazo, este ahorro crece del 10% al 16% del salario del cotizante, lo que promete mejores pensiones y, al mismo tiempo, aumenta el ahorro nacional (más de un 1% del PIB), impulsando inversión y crecimiento. Segundo, se modificó el proyecto: en lugar de eliminar las funciones de recaudación de las AFP para reducir sus sobreutilidades, se optó por profundizar las licitaciones —es decir, la competencia— y así limitar sus rentas económicas excesivas. Tercero —y tal como propuso la Comisión Bravo sin el respaldo de posturas más de izquierda— la mayoría de los beneficios redistributivos se financiarán con impuestos generales (y vale recordar que la deuda del fisco, al final, también se paga con esos impuestos). En resumen, esta reforma profundiza el camino iniciado con la reforma previsional de 2008.

Sin embargo, también es justo reconocer que el beneficio inmediato de la reforma —el aumento de las pensiones a corto plazo— no es solo mérito del Ejecutivo. Una parte de la oposición, Chile Vamos, también demostró valentía al empujar la iniciativa. Ellos también pusieron en juego su capital político, abriendo un flanco con la derecha más extrema que, paradójicamente, los acusa de “derecha cobarde”. No creo equivocarme al afirmar que esta reforma, junto con el royalty minero, son dos pilares clave que han devuelto estabilidad y credibilidad económica a Chile.

El acto festivo en Peñalolén, con baile incluido, no merece condena; al contrario, debe ser visto como el justo premio al esfuerzo y altura de miras de quienes empujaron la reforma. Con todo, lo que cuesta comprender, y que parece mezquindad, es la crítica del Presidente a la exalcaldesa de Providencia, sabiendo que la reforma fue posible gracias al apoyo de tres senadores de su coalición, quienes —sin duda— estaban coordinados con ella y apoyan su proyecto presidencial.

En una democracia, no solo es justo, sino que también necesario que quienes inviertan su capital político en acuerdos beneficiosos para toda la sociedad, puedan exhibir y celebrar los beneficios alcanzados. Castigar a quienes promueven el diálogo no solo obstaculiza la consecución de acuerdos, sino que también la democracia.