“Paren el cotorreo”. Así puso en su portada la revista Capital hace casi 20 años. Sobre el título, se veía a dos pájaros, pegados uno al otro. El fondo eran los escándalos por el traspaso de información privilegiada para comprar acciones. El reportaje cuestionaba el poco celo con que se trataban estos temas en los directorios y la ilegalidad de amasar fortunas usando datos confidenciales.

En esa misma época ocurrió la colusión de las farmacias y se abrió otro tipo de interrogantes: ¿qué se le debe exigir a un director?; ¿qué pasa cuando su conducta negligente afecta a terceros o al patrimonio de la empresa?

En medio de ese big bang que puso a todo “Sanhattan” en alerta, el gobierno de la época, encabezado por Michelle Bachelet, apuraba una amplia renovación institucional, que le permitiera ingresar a una liga mayor, la OCDE. Este salto exigía revisar, en medio de todo lo que estaba pasando en las compañías privadas que eran parte del IPSA, cómo estaban funcionando los gobiernos corporativos de las empresas públicas o estatales. Así se envió al Congreso un proyecto para crear un nuevo gobierno corporativo en Codelco.

Siguiendo las exigentes directrices de la OCDE, la Ley 20.392 se aprobó en 2009, con solo tres abstenciones en el Senado y por unanimidad en la Cámara de Diputados. Su implementación comenzó en marzo de 2010, por lo que este mes conmemoramos 15 años del cambio orgánico más relevante de Codelco desde su creación.

Desde ese entonces, el directorio tiene todas las facultades establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas para una gestión eficiente y con orientaciones comerciales, y está compuesto por nueve personas: tres de ellas nombradas a discreción del Presidente de la República, cuatro surgen de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública, una a propuesta de los trabajadores, y otra, de los supervisores.

En este lapso, con el aporte de 31 directores(as) y cinco presidentes del directorio de diversa trayectoria y estilo, el directorio de Codelco ha fortalecido el mandato de la ley, con normativas que blindaron aún más su autonomía y frenaron las influencias indebidas.

En mi calidad de presidente, desde el 30 de marzo de 2022, soy enfático en afirmar que la ley es robusta y ha cumplido con su espíritu. La conducción de la empresa la lleva un directorio independiente y altamente profesional, que toma definiciones autónomas, sin interferencias externas de ninguna naturaleza.

Esto nos ha permitido decidir materias complejas, pero indispensables para la sostenibilidad de Codelco, entre ellas, el cierre de la fundición de Ventanas; la construcción en Tocopilla de una desalinizadora para las Operaciones Norte; la compra de la minera australiana Lithium Power Internacional, para viabilizar nuestro proyecto de litio en el Salar de Maricunga; la asociación con SQM para el desarrollo del litio en el Salar de Atacama, que permite capturar más beneficios para el Estado; la compra a Enami de su 10% en Quebrada Blanca; la asociación con Rio Tinto en el proyecto Nuevo Cobre en Atacama; el proceso de selección de un socio para el proyecto de litio en el salar de Maricunga, y la firma de un Memorándum de Entendimiento con Anglo American para un Plan Minero Conjunto, que favorecerá nuestros aportes al fisco durante 21 años.

Para tomar esas decisiones no hacemos llamados previos a ministerios o a la Presidencia de la República, la que ha sido rigurosamente estricta en respetar la independencia de nuestro gobierno corporativo. Somos un directorio que actúa autónomamente para cumplir su obligación de maximizar el valor económico, social y ambiental de Codelco, que la ley define como nuestro objetivo. Debatimos y tomamos resoluciones de las que respondemos penal y civilmente.

Fuera de nuestras fronteras, Codelco es sinónimo de solidez, calidad y buena gobernanza. Su prestigio y su posición en el mercado global la convierte, ante los ojos de otras grandes mineras del mundo, en una de las más atractivas para emprender alianzas estratégicas.

Aún hay compatriotas, incluso líderes de opinión, que creen que Codelco es una repartición pública, que sus trabajadores y profesionales se rigen por el estatuto administrativo, que depende de algún ministerio o de la misma Presidencia de la República, que responde a presiones políticas en sus contrataciones, licitaciones o decisiones estratégicas o que se maneja como un botín o una caja pagadora de servicios políticos. Quienes emiten estos comentarios desconocen la autonomía que le entrega a Codelco la ley que rige su marco de gobierno, su sólida reputación internacional, su aporte al desarrollo y progreso del país, y el compromiso y dignidad de sus trabajadores y ejecutivos.

Máximo Pacheco Matte
Presidente del directorio de Codelco