Señor Director:

En Argentina es tradicional que los parlamentarios aprueben leyes que lesionan a inversionistas extranjeros, que después demandan en tribunales internacionales, obligándola a pagar millonarias indemnizaciones por culpa de políticos irresponsables.

En Chile, con la modificación a las rentas vitalicias y hoy a las cuotas de pesca, estamos enfrentando riesgos similares. Debiéramos introducir una norma en nuestra legislación que obligue a que dentro del trámite legislativo se pidan informes del Ministerio de RR.EE. y del Consejo de Defensa del Estado sobre posibles responsabilidades legales para Chile. Si los informes son desfavorables e igual se aprueba la ley, los parlamentarios se debieran hacer responsables personalmente con su propio patrimonio del daño que su actuación le causa al país. Si no es muy fácil: ellos se llevan los aplausos y son reelegidos hoy, y después ellos mismos nos suben los impuestos para que todos paguemos los daños a que condenan al país los tribunales internacionales.

El Estado siempre puede expropiar cuando requiere una propiedad privada para satisfacer una necesidad nacional, pero debe indemnizar previamente. El bien común no satisface nunca el mal individual.

Gerardo Varela A.
Abogado