El actual gobierno tramita en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca reprogramar y condonar parcialmente las deudas estudiantiles derivadas del CAE, y reemplazarlo por un nuevo instrumento, denominado FES.

Existe consenso en que el CAE ha sido una contribución significativa a la educación superior del país, permitiendo la ampliación de la cobertura a niveles similares a los de países desarrollados y la expansión de la investigación en el país, con un sistema de provisión mixta progresivamente más inclusivo. La mayoría de las fallas estructurales del CAE fueron corregidas en 2012, cuando se ajustó la tasa de interés al 2% y se fijó un límite a la cuota del 10% de los ingresos, más la posibilidad de suspender los pagos por cesantía. Sin embargo, uno quedó pendiente: la cobranza.

La inacción, más las continuas promesas de condonación, dejaron aumentar la morosidad a niveles insostenibles, al mismo tiempo que se eliminaron los incentivos al pago. Hoy, no pagar el CAE no tiene consecuencias para los deudores, solo las tiene para el fisco, que debe responder por garantías y recompra de créditos no pagados. El Gobierno tardó en reconocer que su salida para el problema, la condonación universal, no era factible. Esta cuesta cerca de 12.000 millones de dólares, ocho veces el monto que el Consejo Fiscal Autónomo pide al Gobierno dejar de gastar solo este 2025.

Al leer el proyecto presentado se observa que tiene dos partes: una transitoria, que establece la reprogramación, y una permanente, que crea el FES.

Por una parte, el elemento de condonación presentado es marginal, y se trata más bien de una reprogramación y un sistema de cobranza por planilla más efectiva a los morosos. Esta propuesta permitirá recuperar de los actuales deudores recursos fiscales hoy fundamentales, y respetará la deuda comprometida sin cobrar de más.

Por otra parte, el nuevo sistema FES establece un impuesto a los graduados para financiar, mediante un sistema de reparto, el acceso a la educación superior. La propuesta es que todos los estudiantes, excepto el 10% más rico, no paguen mientras estudian, a cambio de que, luego de egresar, paguen hasta un 8% de sus ingresos por 20 años. Esto es un impuesto que golpeará especialmente a la clase media empleada formalmente, y, según datos de la Biblioteca del Congreso, un 26,6% de los beneficiados terminaría pagando más de lo que el Estado les prestó.

Los recursos que invierten las familias y son actualmente recibidos por las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica no serán reemplazados por el fisco. Los aranceles y cupos de las instituciones serán fijados centralmente, por decreto. El déficit que tendría el sistema de educación superior en su conjunto se ha estimado entre 500 y 1.300 millones de dólares anuales. Una sustracción neta de calidad al sistema.

La consecuencia de esto es simple, y se ha detallado en la discusión. La fijación de aranceles establece un sistema de financiamiento deficitario, que detiene la inversión y el crecimiento de las universidades. El control centralizado de los ingresos termina con la autonomía de las instituciones, pues dependerán del Estado para la totalidad de sus ingresos. Dado que el proyecto elimina las becas de arancel, los estudiantes que elijan instituciones que no entren al régimen de fijación de aranceles no tendrán ayuda alguna del Estado. Esto asimila la educación superior a la escolar, donde la aguda segregación ha sido el fracaso de las reformas estructurales de Bachelet II.

Lamentablemente, el Ejecutivo optó por desestimar estas críticas, dejando su proyecto intacto. En adelante, debe tomarse una postura pragmática. Es necesario hacerse cargo de la morosidad del CAE, pues es el origen del problema. La fórmula de reprogramación y condonación parcial propuesta por el Gobierno puede funcionar, si se hace extensiva también a los deudores CAE futuros. Sin embargo, el FES debe ser rechazado en su totalidad. Si se establece el sistema de cobranza por planilla, el FES resultará más caro que mantener el CAE, por lo que, dado el mal diseño de la política y el estado de las finanzas públicas, debe rechazarse este sistema y su consiguiente gasto innecesario.

Daniel Rodríguez M.
Director ejecutivo de Acción Educar