Un foro internacional de negocios que tuvo lugar el lunes en Punta Arenas, dio oportunidad al Presidente Boric para hacerse cargo de la crítica de inversionistas por las extremas dificultades para tramitar los permisos requeridos por sus proyectos. Boric se refirió a las dos iniciativas de ley presentadas al respecto por su administración, una para reformar el Sistema de Evaluación Ambiental y la otra para dar un nuevo marco a la autorización de permisos sectoriales. Agregó, además, que es necesario cambiar la “cultura institucional” de los servicios involucrados, que evidentemente incide sobre los criterios con que se aplica la regulación. Pero también emplazó a las empresas a discutir interna y externamente cómo esas inversiones llegan a la persona común y corriente.

Sin duda que constituye un avance que el Presidente reconozca dichos problemas, pues, durante mucho tiempo su sector político fustigó a las empresas, acusándolas de destruir el medio ambiente con sus proyectos. También, que además haya afirmado que “hay espacio para mejorar” la regulación, que la cultura institucional “no regulatoria” también importa y que haya propuesto avanzar hacia una visión más colaborativa entre los proyectos públicos y privados. Sin embargo, la situación en la que se encuentra el emblemático proyecto Dominga, ahora radicado también en el Tribunal Constitucional por requerimiento del mismo Gobierno para dilucidar una supuesta —y muy discutible— contienda de competencia entre el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros, siembra un manto de dudas al respecto y cuestiona la propia credibilidad de las palabras presidenciales. En efecto, este camino de confrontación, del todo opuesto a lo indicado por el mandatario en su discurso, prolongará aún más los 12 años de tramitación que lleva la iniciativa, sin que se visualice un término para el proceso.

Por esa razón, resulta pertinente volver a examinar el marco en que la “permisología” ambiental se desenvuelve. El Sistema de Evaluación Ambiental se instaló con el objetivo de estimar tanto los impactos ambientales que los proyectos de inversión generarían como los beneficios que su implementación provocaría, para luego determinar el nivel de mitigación ambiental necesaria de exigir, de modo que los costos ambientales rebajados por esas mitigaciones fuesen inferiores a los beneficios sociales de la inversión propuesta.

Sin embargo, con el tiempo, para muchos funcionarios a cargo de realizar dichas evaluaciones —o para funcionarios de otros servicios con potestad para formular indicaciones al respecto—, la evaluación ha devenido en un proceso que más bien se concentra en los impactos generados, con independencia de los beneficios a obtener, y sobre esa base impone condiciones de mitigación que pueden resultar imposibles de financiar, o bien, apunta directamente al rechazo de las iniciativas. Como es evidente que todos los proyectos tienen algún “impacto” —incluso la construcción de una mediagua impactará en la sobrevivencia de los insectos que habitan el suelo donde ella se levanta—, aplicar ese criterio de manera sistemática solo conduce a una virtual paralización de las inversiones. Si a eso se suma que en cualquier momento de la tramitación se pueden interponer recursos respecto de etapas anteriores —el caso Dominga es un buen ejemplo de ello—, se ha exacerbado el activismo de los grupos ambientalistas, al punto que algunos se vanaglorian de poder postergar hasta por dos mil días la tramitación de proyectos mediante ese subterfugio.

No es solo la existencia de múltiples permisos con extensos plazos de tramitación lo que está afectando gravemente las inversiones, sino también la posibilidad de interponer recursos judiciales en cualquier momento de su tramitación. Asimismo, la “cultura institucional” aludida por el Presidente, de que la sola existencia de impactos predispone negativamente su evaluación, contribuye a agravar el problema.

Más que los permisos o las instancias procesales, lo que se requiere es volver a instalar la convicción de que lo que importa es el balance costo-beneficio.